El iliberalismo como síntoma de la fatiga democrática en Chile

 

Durante décadas, Chile fue considerado un ejemplo de estabilidad institucional en América Latina. Sin embargo, el estallido social de 2019 y el fracaso del proceso constituyente dejaron una sensación persistente de agotamiento democrático. Más que una crisis del sistema político, lo que vive el país es una fatiga del liberalismo democrático: la ciudadanía ya no pide más deliberación, sino más control. Ese desplazamiento —de la libertad al orden— revela un fenómeno que hoy atraviesa muchas democracias: el iliberalismo.

El concepto, acuñado por Fareed Zakaria en los años noventa y desarrollado luego por Ivan Krastev, describe regímenes que conservan la apariencia democrática —elecciones, Congreso, partidos— pero vacían su sustancia liberal: se debilita la independencia judicial, la libertad de prensa, los derechos de las minorías y el pluralismo político. En palabras de Zakaria, son “democracias sin liberalismo”. Su promesa, de inquietante eficacia, es simple: menos derechos, más resultados.

En Chile, el iliberalismo no adopta la forma de un caudillo autoritario ni de una reforma constitucional explícita. Su rostro es más difuso: un clima político y cultural que relativiza las libertades en nombre de la eficacia. Como advierte Ascanio Cavallo, la crisis de representación y el descrédito institucional han producido una ciudadanía “fatigada”, que ya no busca deliberar, sino ser protegida. Esa desconfianza, extendida y persistente, constituye el terreno fértil para un discurso que privilegia el orden por sobre la libertad.

 El giro securitario lo confirma. Desde 2022, la agenda política se ha desplazado desde la redistribución y los derechos sociales hacia la seguridad, la disciplina y el control territorial. El debate público ya no se centra en la justicia, sino en la eficacia del castigo. Alfredo Joignant lo describe como un “decisionismo emocional”, donde la urgencia reemplaza a la reflexión. La derecha exalta el orden como identidad moral; la izquierda, por su parte, ha renunciado a su impulso reformista liberal para administrar la crisis con pragmatismo. En ambos extremos, la libertad aparece como un lujo: demasiado lenta, demasiado incierta, demasiado frágil.

A este cuadro se suma una creciente antipolítica, alimentada tanto por la tecnocracia como por el populismo. El ideal del “gestor eficiente” reemplaza al representante deliberativo, mientras la ciudadanía, frustrada, delega su esperanza en figuras que prometen resultados sin política. Daniel Mansuy lo ha descrito como una “desafección civilizatoria”: el abandono de la política como espacio común, sustituida por la administración de urgencias.

En la región, la deriva chilena no es una excepción. Desde Bukele en El Salvador hasta Milei en Argentina o Petro en Colombia, distintas variantes del populismo autoritario disputan la legitimidad del liberalismo. En todas ellas se repite la misma tensión: el pueblo contra la élite, el orden contra el pluralismo, la eficacia contra la libertad. Chile, aunque aún distante de esos casos, comparte el malestar cultural que los vuelve posibles.

La paradoja es evidente: en nombre del progreso, la seguridad o la identidad, se debilita el marco que permite resguardarlos —el Estado de Derecho liberal—. El país oscila entre dos polos igualmente insatisfactorios: el maximalismo refundacional y el pragmatismo punitivo. Ninguno ofrece una salida a la fatiga democrática; ambos la profundizan.

El desafío, por tanto, no está en elegir entre “más orden” o “más derechos”, sino en reaprender la libertad como principio estructurante de la convivencia democrática. El liberalismo, tantas veces caricaturizado como doctrina del mercado, es en realidad una ética del límite: del poder, del Estado y de la mayoría. Cuando la política olvida esa lección, el iliberalismo deja de ser una amenaza externa y se convierte, lentamente, en una costumbre nacional.

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Referencias bibliográficas

• Cavallo, A. (2023). El descontento y sus formas: ensayos sobre la política chilena contemporánea. Santiago: Uqbar.

• Joignant, A. (2022). El decisionismo emocional: política, afectos y representación. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

• Krastev, I. (2018). After Europe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

• Mansuy, D. (2020). Nos fuimos quedando en silencio: la crisis de sentido en la política chilena. Santiago: Taurus.

• Zakaria, F. (1997). “The Rise of Illiberal Democracy”. Foreign Affairs, 76(6), 22–43.

La República: palabra, rito y permanencia

 

Hubo un tiempo en que la República era una palabra solemne. No aludía solo a un sistema de gobierno, sino a una forma de entender la convivencia: la primacía del bien común sobre el interés particular, la virtud sobre el cálculo, la ley sobre la voluntad.

Desde los albores de la independencia, los hombres públicos chilenos —cualquiera fuese su ideología— entendían que gobernar no era solo administrar recursos, sino custodiar símbolos. Portales hablaba de “orden” como el sostén moral del Estado; Lastarria y Bilbao, desde la vereda liberal, lo concebían como el espacio donde el ciudadano debía emanciparse mediante la educación y la participación. En ambos, el sentido republicano era claro: la política no es patrimonio de los gobernantes, sino de la comunidad cívica que confía en ellos.

Esa noción se encarnó durante mucho tiempo en formas, protocolos, lenguajes. Cada mensaje presidencial, cada presupuesto, cada acto de Estado llevaba implícita una liturgia: la de reafirmar la continuidad republicana frente al paso efímero de los gobiernos. La Glosa Republicana era una de esas pequeñas liturgias: un recordatorio de que el poder se ejerce bajo la mirada del conjunto, no bajo el amparo del aplauso propio.

Por eso su ausencia duele más de lo que se admite. No por nostalgia, sino porque revela una amnesia institucional: la incapacidad de los gobiernos contemporáneos para comprender el peso simbólico de sus actos. La República se fundó sobre la palabra —juramentos, constituciones, leyes, mensajes—, y cuando esa palabra se vuelve instrumental o silenciosa, la República se desvanece.

Los antiguos entendían que las formas sostienen el fondo. Que sin lenguaje republicano, la política se degrada en mera administración; que sin liturgia, el Estado se vacía de sentido. La modernidad no debería haber significado despojar a la República de su ritualidad, sino renovarla para los tiempos presentes: hacer que el gesto siga siendo gesto, aunque el lenguaje cambie.

Hoy, cuando todo parece reducirse a rendimientos y balances, tal vez sea momento de recordar que la República no se mide en cifras, sino en dignidad pública. Y que cada acto, cada palabra, cada glosa, sigue siendo —o podría volver a ser— un eco de esa antigua promesa:
que los asuntos del Estado pertenecen a todos, no a los que circunstancialmente lo gobiernan.