Hubo un tiempo en que la República era una palabra solemne. No aludía solo a un sistema de gobierno, sino a una forma de entender la convivencia: la primacía del bien común sobre el interés particular, la virtud sobre el cálculo, la ley sobre la voluntad.
Desde los albores de la independencia, los hombres públicos chilenos —cualquiera fuese su ideología— entendían que gobernar no era solo administrar recursos, sino custodiar símbolos. Portales hablaba de “orden” como el sostén moral del Estado; Lastarria y Bilbao, desde la vereda liberal, lo concebían como el espacio donde el ciudadano debía emanciparse mediante la educación y la participación. En ambos, el sentido republicano era claro: la política no es patrimonio de los gobernantes, sino de la comunidad cívica que confía en ellos.
Esa noción se encarnó durante mucho tiempo en formas, protocolos, lenguajes. Cada mensaje presidencial, cada presupuesto, cada acto de Estado llevaba implícita una liturgia: la de reafirmar la continuidad republicana frente al paso efímero de los gobiernos. La Glosa Republicana era una de esas pequeñas liturgias: un recordatorio de que el poder se ejerce bajo la mirada del conjunto, no bajo el amparo del aplauso propio.
Por eso su ausencia duele más de lo que se admite. No por nostalgia, sino porque revela una amnesia institucional: la incapacidad de los gobiernos contemporáneos para comprender el peso simbólico de sus actos. La República se fundó sobre la palabra —juramentos, constituciones, leyes, mensajes—, y cuando esa palabra se vuelve instrumental o silenciosa, la República se desvanece.
Los antiguos entendían que las formas sostienen el fondo. Que sin lenguaje republicano, la política se degrada en mera administración; que sin liturgia, el Estado se vacía de sentido. La modernidad no debería haber significado despojar a la República de su ritualidad, sino renovarla para los tiempos presentes: hacer que el gesto siga siendo gesto, aunque el lenguaje cambie.
Hoy, cuando todo parece reducirse a rendimientos y balances, tal vez sea momento de recordar que la República no se mide en cifras, sino en dignidad pública. Y que cada acto, cada palabra, cada glosa, sigue siendo —o podría volver a ser— un eco de esa antigua promesa:
que los asuntos del Estado pertenecen a todos, no a los que circunstancialmente lo gobiernan.
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