Habitar el cargo - Habitar la institucionalidad

 En toda democracia contemporánea, gobernar en coalición implica mucho más que compartir ministerios, programas o mayorías parlamentarias. Significa administrar tensiones permanentes entre proyectos políticos, identidades ideológicas y expectativas sociales diversas. Sin embargo, existe una dimensión menos visible y profundamente decisiva en la estabilidad de las coaliciones: la forma en que los actores políticos “habitan el cargo”.

Habitar el cargo no consiste únicamente en ejercer una función institucional. Supone asumir una relación entre poder, responsabilidad y representación. Es la diferencia entre ocupar un puesto y construir autoridad política desde él. Muchas de las fracturas internas que atraviesan hoy a los gobiernos de coalición nacen precisamente en esa contradicción.

La teoría sociológica permite comprender este fenómeno más allá de la contingencia electoral. Max Weber sostenía que la política es la lenta perforación de duras estructuras mediante pasión y responsabilidad. Gobernar exige equilibrio entre convicción ideológica y racionalidad institucional. Allí aparece uno de los principales conflictos de las coaliciones modernas: mientras algunos sectores entienden el gobierno como espacio de transformación estructural, otros lo conciben como administración pragmática de consensos.

La fractura emerge cuando los actores políticos dejan de habitar el cargo como responsabilidad colectiva y comienzan a utilizarlo como plataforma identitaria o electoral. El ministerio, la subsecretaría o el escaño parlamentario dejan entonces de ser herramientas de articulación política y se convierten en trincheras de diferenciación interna.

En América Latina, esta dinámica se ha vuelto particularmente visible bajo modelos de presidencialismo de coalición. Los gobiernos requieren alianzas amplias para sostener gobernabilidad, pero al mismo tiempo cada partido necesita preservar su identidad frente a sus propias bases sociales. La contradicción es inevitable: cooperar para gobernar y competir para sobrevivir.

Desde la sociología política, esta tensión también refleja una transformación más profunda de las sociedades contemporáneas. Las antiguas identidades colectivas relativamente estables —clase, partido, sindicato o ideología— han sido reemplazadas por demandas fragmentadas y subjetividades múltiples. Feminismos, ambientalismos, regionalismos, movimientos digitales y nuevas formas de movilización social presionan constantemente a las coaliciones, exigiendo coherencia ética inmediata y respuestas rápidas.

En ese contexto, habitar el cargo se vuelve una práctica compleja. El dirigente ya no responde únicamente a la lógica partidaria tradicional, sino también a la vigilancia permanente de redes sociales, medios digitales y audiencias hiperpolitizadas. La política deja de organizarse solamente desde la disciplina interna y comienza a estructurarse desde la exposición pública constante.

Esto produce una paradoja central: mientras gobernar exige negociación y moderación, la comunicación política contemporánea premia la radicalidad, la diferenciación y el conflicto visible. Así, muchos actores de coalición terminan administrando simultáneamente dos legitimidades incompatibles:

• la legitimidad institucional de gobernar;
• y la legitimidad simbólica de representar pureza ideológica.

La consecuencia suele ser el deterioro silencioso de la cohesión política. Las diferencias tácticas se convierten en disputas morales. Los desacuerdos programáticos pasan a interpretarse como traiciones identitarias. El adversario ya no está únicamente en la oposición, sino también dentro de la propia alianza.

Aquí aparece una cuestión fundamental: las coaliciones fracasan no sólo por diferencias ideológicas, sino porque muchas veces sus integrantes no logran construir una cultura común del poder. Habitar el cargo implica comprender que gobernar exige administrar contradicciones, asumir costos y sostener decisiones imperfectas. Cuando predomina únicamente la lógica testimonial o electoral, la coalición pierde densidad estratégica y se transforma en una suma frágil de individualidades políticas.

Antonio Gramsci advertía que toda hegemonía requiere dirección intelectual y moral. Una coalición no se sostiene solamente por acuerdos administrativos; necesita producir sentido colectivo, horizonte compartido y conducción política. Cuando desaparece esa narrativa común, emergen las fracturas.

Por eso, la crisis de muchas coaliciones contemporáneas no puede explicarse únicamente por errores de gestión o desacuerdos coyunturales. Existe una crisis más profunda vinculada a la relación entre política y poder. Habitar el cargo hoy supone resistir la tentación de convertir cada diferencia en espectáculo, cada tensión en identidad y cada conflicto interno en posicionamiento electoral.

Las democracias modernas seguirán necesitando coaliciones para gobernar sociedades complejas y fragmentadas. Pero su estabilidad dependerá menos de los pactos formales que de la capacidad de sus actores para comprender que ejercer el poder no es simplemente ocupar instituciones, sino construir responsabilidad histórica desde ellas.

La ansiedad de corto plazo: una política sin tiempo

Hay algo silencioso, pero profundamente determinante, ocurriendo en la política chilena: el tiempo se ha vuelto un recurso escaso.

No se trata solo de urgencias coyunturales o de agendas sobrecargadas. Lo que se observa es algo más estructural: una presión constante por responder de inmediato, por mostrar resultados visibles en plazos cada vez más breves, por dar solución hoy a problemas cuya naturaleza es, inevitablemente, de largo aliento. En ese contexto, la política comienza a operar bajo una lógica que le es ajena: la inmediatez.

El problema es que la política —y especialmente las políticas públicas— no está diseñada para ese ritmo.

El sociólogo Hartmut Rosa ha descrito este fenómeno como parte de un proceso más amplio de aceleración social, donde las sociedades contemporáneas experimentan una intensificación del tiempo: más información, más decisiones, más cambios, todo en menos plazo. Esta aceleración genera una paradoja evidente: mientras más rápido se mueve la sociedad, mayor es la sensación de que nada alcanza a resolverse del todo.

 

Sin embargo, como advierte Niklas Luhmann, los distintos sistemas sociales no comparten el mismo ritmo. La experiencia cotidiana de las personas se mueve en la inmediatez; la política, en ciclos más breves; pero el Estado —con su entramado institucional, normativo y burocrático— funciona necesariamente en tiempos largos. La implementación de políticas, la coordinación institucional y la evaluación de resultados requieren procesos que no pueden comprimirse sin costo.

Lo que ocurre hoy es una especie de desajuste temporal: se le exige al Estado responder con la velocidad de la contingencia, pero manteniendo la complejidad de las soluciones estructurales. Y esa tensión no se resuelve; se administra.

A esto se suma lo que el historiador François Hartog denomina “presentismo”: un régimen en el cual el presente domina por completo, debilitando tanto la memoria del pasado como la proyección hacia el futuro. En este escenario, la política pierde horizonte. Las decisiones dejan de estar orientadas por proyectos de largo plazo y pasan a responder, casi exclusivamente, a la presión del momento.

Las consecuencias son visibles. Reformas que se anuncian con ambición, pero que se implementan de manera parcial. Políticas públicas que se corrigen constantemente sobre la marcha. Iniciativas que no alcanzan a madurar antes de ser reemplazadas o reformuladas. No se trata necesariamente de falta de capacidad técnica, sino de una restricción más profunda: la falta de tiempo político.

Gobernar, en estas condiciones, deja de ser un ejercicio de conducción estratégica y se transforma en una práctica reactiva. Se responde más de lo que se planifica, se gestiona más de lo que se proyecta. La política se adapta, pero en ese proceso pierde densidad.

Quizás ahí radica uno de los problemas menos discutidos del Chile actual. No solo enfrentamos desafíos complejos; enfrentamos una transformación en la forma en que el tiempo estructura la acción política. En una sociedad que exige inmediatez, la política ha dejado de pensar en décadas y apenas logra sostener semanas.

Y en ese vértigo, las reformas no fracasan únicamente por su contenido o por la falta de acuerdos. Muchas veces fracasan por algo más básico: nunca alcanzan a existir plenamente.

La República en disputa: una lectura sociopolítica entre Portales y Alessandri

 

En este contexto, el nuevo ciclo político —encarnado en el gobierno de José Antonio Kast— introduce una dimensión adicional, pero no altera el problema de fondo. Más que definir una nueva República, lo que está en juego es cómo se interpreta, se ejerce y, sobre todo, se habita la existente.

Desde la tradición de la derecha y la centro derecha, la República ha sido comprendida principalmente en clave de orden: estabilidad institucional, primacía de la ley y continuidad del Estado. Esa lectura cumple una función indispensable —especialmente en contextos de incertidumbre—, pero resulta incompleta si no se complementa con una dimensión integradora.

Porque una República no es solo contención del conflicto; es también su encauzamiento legítimo. No es solo autoridad, sino autoridad reconocida. No es solo estructura, sino también adhesión.

El desafío, por tanto, no es meramente político, sino cultural: evitar que la idea de República se reduzca a un principio de orden, o que, en el extremo opuesto, se diluya en una promesa de transformación sin límites. Entre ambos polos se juega su viabilidad.

En ese marco, volver a ciertas tradiciones del pensamiento político chileno no es un ejercicio de nostalgia, sino de comprensión. En particular, las figuras de Diego Portales y Jorge Alessandri Rodríguez permiten iluminar dos formas de entender —y tensionar— la República.

Portales: la República como orden previo a la libertad

La intuición portaliana es, en esencia, sociológica antes que normativa. Parte de un diagnóstico sobre la fragilidad del orden social y la imposibilidad de sostener una República sin una autoridad efectiva que la respalde.

Para Portales, la República no podía descansar en una virtud cívica que aún no existía plenamente. Antes que ciudadanos republicanos, había que construir condiciones de estabilidad. De ahí su énfasis en un poder fuerte, en la centralidad del Estado y en la disciplina institucional como requisito previo para cualquier forma de libertad política.

En términos contemporáneos, su mirada dialoga con lo que más tarde sistematizaría Max Weber: sin un Estado capaz de ejercer autoridad legítima, el orden político se disuelve.

Sin embargo, esta concepción no está exenta de tensiones. La República portaliana tiende a privilegiar el orden por sobre la participación, la estabilidad por sobre la deliberación. Es una República que, en cierto sentido, se impone antes de ser plenamente compartida.

Alessandri: la República como sobriedad y normalidad institucional

Un siglo después, Jorge Alessandri Rodríguez encarna una forma distinta —aunque complementaria— de republicanismo. En su figura se expresa una República que no necesita fundarse continuamente, sino que se sostiene en la sobriedad de su funcionamiento.

Hay en Alessandri una ética de la contención: el Estado opera sin estridencias, la política sin excesos, el poder sin teatralidad. No hay en su visión una épica refundacional, sino una confianza en la continuidad institucional y en la capacidad de las reglas para ordenar la vida colectiva.

Desde una perspectiva sociológica, esto refleja un momento en que las instituciones logran cierta autonomía respecto del conflicto político, y donde la República deja de ser objeto de disputa permanente para convertirse en un marco relativamente estabilizado.

Pero esa misma sobriedad puede volverse insuficiente cuando cambian las condiciones sociales. Cuando emergen nuevas demandas y se expanden las expectativas, una República basada exclusivamente en la eficiencia y la contención puede perder capacidad de integración.

Entre el orden y la legitimidad

El Chile actual parece moverse precisamente en esa tensión.

Por un lado, reaparece con fuerza la intuición portaliana: la necesidad de orden, de autoridad y de capacidad estatal frente a un escenario percibido como incierto. Por otro, persiste la aspiración —más cercana a Alessandri— de una República sobria, donde las instituciones funcionen sin estar permanentemente desbordadas por el conflicto.

El problema es que ninguna de estas visiones, por sí sola, resulta suficiente.

Una República no puede sostenerse únicamente en el orden, porque corre el riesgo de volverse ajena a la sociedad que pretende organizar. Pero tampoco puede descansar solo en la inercia institucional, porque pierde capacidad de responder a contextos de cambio.

La clave, entonces, no está en elegir entre Portales o Alessandri, sino en comprender la tensión que ambos representan: autoridad y legitimidad, orden y reconocimiento, estabilidad e integración.

Gobernar no basta: hay que hacer habitable la República

El desafío del presente no es simplemente administrar el Estado o restablecer el orden. Es más profundo: reconstruir las condiciones sociales que hacen posible la vida republicana.

Aquí la sociología ofrece una advertencia decisiva. Como plantea Pierre Bourdieu, las instituciones no funcionan en el vacío; requieren disposiciones sociales que las sostengan. Y esas disposiciones —confianza, respeto por las reglas, reconocimiento del otro— hoy se encuentran tensionadas.

Por eso, gobernar la República no es suficiente. Es necesario hacerla habitable.

Esto implica algo más complejo que dictar normas o ejercer autoridad. Supone reconstruir un sentido de lo común, volver a dar contenido a la idea de que existe una res publica: algo que pertenece a todos y que, precisamente por eso, exige límites compartidos.

Una República en construcción permanente

Quizás la principal lección que ofrecen Portales y Alessandri no es un modelo a replicar, sino una advertencia: la República nunca está completamente asegurada.

Puede imponerse sin legitimidad, o estabilizarse sin integración. Puede funcionar en sus formas y, al mismo tiempo, erosionarse en su base cultural.

Por eso, la pregunta decisiva no es si Chile necesita una nueva República, sino si es capaz de sostener la existente en condiciones distintas a las que le dieron origen.

Entre la fuerza fundadora de Portales y la sobriedad institucional de Alessandri se juega, en buena medida, el dilema actual.

Y quizás ahí radica la tarea más exigente de nuestro tiempo: no fundar de nuevo, sino aprender —una vez más— a vivir en República.

Narrativas, hegemonía y recomposición del sentido político

 

Desde una perspectiva gramsciana, la reconfiguración de clivajes no debe interpretarse exclusivamente como un momento de crisis o descomposición, sino como una disputa abierta por la hegemonía. La erosión de los marcos ideológicos tradicionales no produce un vacío neutral, sino un campo de competencia simbólica donde distintos actores buscan redefinir el sentido común político y los criterios de legitimidad del orden social.

Sin embargo, esta lectura puede complementarse —y tensionarse productivamente— con enfoques más realistas y conservadores de la sociología política. Autores como Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca ya advertían que los procesos de desestabilización de los consensos normativos suelen ir acompañados de una recomposición de las élites y de nuevas formas de circulación del poder, más que de una democratización sustantiva del conflicto. Desde esta óptica, el clivaje emergente no solo expresa malestar social, sino también una crisis de las élites políticas para producir orden, dirección y previsibilidad.

En este contexto, el clivaje emergente no se organiza únicamente en torno a posiciones programáticas, sino alrededor de narrativas capaces de dotar de coherencia a experiencias sociales fragmentadas. El conflicto central ya no se articula solo en términos de intereses materiales contrapuestos, sino en la capacidad de ofrecer interpretaciones plausibles del malestar, del riesgo y de la incertidumbre.

La literatura reciente sobre emociones políticas —desde Chantal Mouffe y Pierre Rosanvallon hasta Yascha Mounk— ha mostrado que los procesos de desafección democrática suelen ir acompañados de una búsqueda de relatos que restituyan sentido, pertenencia y reconocimiento. A esta línea puede añadirse la reflexión de autores como Peter L. Berger o Daniel Bell, quienes subrayaron tempranamente los efectos desestabilizadores de la pérdida de marcos morales compartidos y de la sobrecarga de expectativas sobre el sistema político.

En el caso chileno, amplios sectores sociales no se sitúan en polos ideológicos extremos, sino en una zona ambivalente: demandan transformaciones estructurales, pero rechazan escenarios percibidos como caóticos; exigen ampliación de derechos, pero desconfían de instituciones débiles; aspiran a un futuro distinto, pero requieren certezas mínimas en el presente. Esta ambivalencia conecta tanto con diagnósticos progresistas sobre desigualdad como con advertencias conservadoras sobre los costos sociales de la desinstitucionalización acelerada.

El problema central para la política no es, entonces, únicamente de diseño institucional o coherencia programática, sino de articulación narrativa. La incapacidad de integrar orden y reforma, seguridad y justicia social, gobernabilidad y cambio, ha contribuido a profundizar la distancia entre el sistema político y la experiencia social cotidiana.

Sedimentación del clivaje y transición estructural

Desde la teoría clásica de los clivajes (Lipset y Rokkan), estos no emergen ni desaparecen de manera abrupta. Se sedimentan históricamente, cristalizan en identidades, organizaciones y repertorios discursivos, y solo se transforman cuando cambian las condiciones estructurales que los sostienen. El clivaje que hoy atraviesa a Chile debe entenderse, en este sentido, como un proceso en curso de reconfiguración del vínculo entre sociedad y política.

Este diagnóstico puede dialogar con enfoques más escépticos respecto de la capacidad de las sociedades modernas para sostener cambios acelerados sin costos de integración. Autores como Samuel Huntington advirtieron que los procesos de modernización política generan inestabilidad cuando la movilización social avanza más rápido que la institucionalización. En términos similares, Francis Fukuyama ha enfatizado que la erosión de la autoridad estatal y de las normas compartidas debilita la capacidad de las democracias para procesar conflictos complejos.

El clivaje actual no es, por tanto, un fenómeno estrictamente coyuntural ni reducible a ciclos electorales específicos. Es la expresión de una transición más profunda: el paso desde un orden político relativamente estable —basado en expectativas de movilidad, crecimiento y gradualismo institucional— hacia un escenario marcado por la percepción de vulnerabilidad, estancamiento y fragilidad del contrato social.

En este nuevo contexto, las emociones colectivas —seguridad, reconocimiento, temor al descenso social, expectativa de bienestar— adquieren un peso estructurante equivalente, o incluso superior, al de las ideologías tradicionales. El clivaje deja de organizarse exclusivamente en torno a proyectos normativos de largo plazo y se articula, cada vez más, en torno a experiencias inmediatas y evaluaciones situacionales del riesgo, tal como sugieren tanto la sociología del miedo como las teorías conservadoras del orden social.

Comprender este proceso es fundamental para la sociología política contemporánea. No solo permite interpretar la volatilidad electoral o el debilitamiento de las lealtades partidarias, sino también anticipar las condiciones bajo las cuales pueden emerger nuevos liderazgos, coaliciones y formas de representación. En última instancia, el estudio de este clivaje no remite únicamente a la competencia política, sino a la redefinición de las bases simbólicas, institucionales y materiales de la convivencia democrática en Chile.

El iliberalismo como síntoma de la fatiga democrática en Chile

 

Durante décadas, Chile fue considerado un ejemplo de estabilidad institucional en América Latina. Sin embargo, el estallido social de 2019 y el fracaso del proceso constituyente dejaron una sensación persistente de agotamiento democrático. Más que una crisis del sistema político, lo que vive el país es una fatiga del liberalismo democrático: la ciudadanía ya no pide más deliberación, sino más control. Ese desplazamiento —de la libertad al orden— revela un fenómeno que hoy atraviesa muchas democracias: el iliberalismo.

El concepto, acuñado por Fareed Zakaria en los años noventa y desarrollado luego por Ivan Krastev, describe regímenes que conservan la apariencia democrática —elecciones, Congreso, partidos— pero vacían su sustancia liberal: se debilita la independencia judicial, la libertad de prensa, los derechos de las minorías y el pluralismo político. En palabras de Zakaria, son “democracias sin liberalismo”. Su promesa, de inquietante eficacia, es simple: menos derechos, más resultados.

En Chile, el iliberalismo no adopta la forma de un caudillo autoritario ni de una reforma constitucional explícita. Su rostro es más difuso: un clima político y cultural que relativiza las libertades en nombre de la eficacia. Como advierte Ascanio Cavallo, la crisis de representación y el descrédito institucional han producido una ciudadanía “fatigada”, que ya no busca deliberar, sino ser protegida. Esa desconfianza, extendida y persistente, constituye el terreno fértil para un discurso que privilegia el orden por sobre la libertad.

 El giro securitario lo confirma. Desde 2022, la agenda política se ha desplazado desde la redistribución y los derechos sociales hacia la seguridad, la disciplina y el control territorial. El debate público ya no se centra en la justicia, sino en la eficacia del castigo. Alfredo Joignant lo describe como un “decisionismo emocional”, donde la urgencia reemplaza a la reflexión. La derecha exalta el orden como identidad moral; la izquierda, por su parte, ha renunciado a su impulso reformista liberal para administrar la crisis con pragmatismo. En ambos extremos, la libertad aparece como un lujo: demasiado lenta, demasiado incierta, demasiado frágil.

A este cuadro se suma una creciente antipolítica, alimentada tanto por la tecnocracia como por el populismo. El ideal del “gestor eficiente” reemplaza al representante deliberativo, mientras la ciudadanía, frustrada, delega su esperanza en figuras que prometen resultados sin política. Daniel Mansuy lo ha descrito como una “desafección civilizatoria”: el abandono de la política como espacio común, sustituida por la administración de urgencias.

En la región, la deriva chilena no es una excepción. Desde Bukele en El Salvador hasta Milei en Argentina o Petro en Colombia, distintas variantes del populismo autoritario disputan la legitimidad del liberalismo. En todas ellas se repite la misma tensión: el pueblo contra la élite, el orden contra el pluralismo, la eficacia contra la libertad. Chile, aunque aún distante de esos casos, comparte el malestar cultural que los vuelve posibles.

La paradoja es evidente: en nombre del progreso, la seguridad o la identidad, se debilita el marco que permite resguardarlos —el Estado de Derecho liberal—. El país oscila entre dos polos igualmente insatisfactorios: el maximalismo refundacional y el pragmatismo punitivo. Ninguno ofrece una salida a la fatiga democrática; ambos la profundizan.

El desafío, por tanto, no está en elegir entre “más orden” o “más derechos”, sino en reaprender la libertad como principio estructurante de la convivencia democrática. El liberalismo, tantas veces caricaturizado como doctrina del mercado, es en realidad una ética del límite: del poder, del Estado y de la mayoría. Cuando la política olvida esa lección, el iliberalismo deja de ser una amenaza externa y se convierte, lentamente, en una costumbre nacional.

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Referencias bibliográficas

• Cavallo, A. (2023). El descontento y sus formas: ensayos sobre la política chilena contemporánea. Santiago: Uqbar.

• Joignant, A. (2022). El decisionismo emocional: política, afectos y representación. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

• Krastev, I. (2018). After Europe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

• Mansuy, D. (2020). Nos fuimos quedando en silencio: la crisis de sentido en la política chilena. Santiago: Taurus.

• Zakaria, F. (1997). “The Rise of Illiberal Democracy”. Foreign Affairs, 76(6), 22–43.

La República: palabra, rito y permanencia

 

Hubo un tiempo en que la República era una palabra solemne. No aludía solo a un sistema de gobierno, sino a una forma de entender la convivencia: la primacía del bien común sobre el interés particular, la virtud sobre el cálculo, la ley sobre la voluntad.

Desde los albores de la independencia, los hombres públicos chilenos —cualquiera fuese su ideología— entendían que gobernar no era solo administrar recursos, sino custodiar símbolos. Portales hablaba de “orden” como el sostén moral del Estado; Lastarria y Bilbao, desde la vereda liberal, lo concebían como el espacio donde el ciudadano debía emanciparse mediante la educación y la participación. En ambos, el sentido republicano era claro: la política no es patrimonio de los gobernantes, sino de la comunidad cívica que confía en ellos.

Esa noción se encarnó durante mucho tiempo en formas, protocolos, lenguajes. Cada mensaje presidencial, cada presupuesto, cada acto de Estado llevaba implícita una liturgia: la de reafirmar la continuidad republicana frente al paso efímero de los gobiernos. La Glosa Republicana era una de esas pequeñas liturgias: un recordatorio de que el poder se ejerce bajo la mirada del conjunto, no bajo el amparo del aplauso propio.

Por eso su ausencia duele más de lo que se admite. No por nostalgia, sino porque revela una amnesia institucional: la incapacidad de los gobiernos contemporáneos para comprender el peso simbólico de sus actos. La República se fundó sobre la palabra —juramentos, constituciones, leyes, mensajes—, y cuando esa palabra se vuelve instrumental o silenciosa, la República se desvanece.

Los antiguos entendían que las formas sostienen el fondo. Que sin lenguaje republicano, la política se degrada en mera administración; que sin liturgia, el Estado se vacía de sentido. La modernidad no debería haber significado despojar a la República de su ritualidad, sino renovarla para los tiempos presentes: hacer que el gesto siga siendo gesto, aunque el lenguaje cambie.

Hoy, cuando todo parece reducirse a rendimientos y balances, tal vez sea momento de recordar que la República no se mide en cifras, sino en dignidad pública. Y que cada acto, cada palabra, cada glosa, sigue siendo —o podría volver a ser— un eco de esa antigua promesa:
que los asuntos del Estado pertenecen a todos, no a los que circunstancialmente lo gobiernan.

Encuestitis en Chile: la democracia atrapada en el termómetro

 

En Chile ya no esperamos el parte médico, ni siquiera el pronóstico del tiempo con tanta ansiedad. Lo que realmente nos quita el sueño es la encuesta del domingo. Vivimos pendientes del gráfico de barras, del punto decimal, del “margen de error”. Es la encuestitis, esa fiebre que convierte cada semana en un plebiscito anticipado.

La política, en lugar de conducir proyectos, parece mirar nerviosamente el termómetro: ¿subimos dos puntos?, ¿bajamos tres?, ¿qué dice la pregunta 12? Las ideas se ajustan como quien cambia la dieta después de subirse a la balanza. Y así, la política chilena, que alguna vez pretendió ser un espacio de convicciones y grandes relatos, parece reducida a un tablero de estadísticas.

 

La encuesta como productora de realidad

Pierre Bourdieu advertía que las encuestas no solo miden lo que existe: también crean realidad. Preguntar es ordenar el mundo; publicar los resultados es instalar un consenso. En Chile, basta con aparecer arriba en un gráfico para que un candidato sea presentado como “serio contendor”, y basta con caer algunas décimas para ser tratado como “carta muerta”.

Lo más llamativo es que esta construcción descansa en bases muy frágiles:

• muestras que a veces no superan las mil personas,

• márgenes de error que se comunican como si fueran verdades absolutas,

• y cuestionarios diseñados con sesgo de arranque, que guían las respuestas.

A pesar de ello, la encuesta se transforma en el lenguaje oficial de la política. Un diputado puede pasar meses trabajando una propuesta legislativa, pero si en la encuesta su coalición marca menos de 20%, ese esfuerzo queda invisibilizado. En el campo mediático, los datos de la encuesta pesan más que el contenido de las ideas.

En la práctica, lo que se difunde no es la realidad social, sino una versión parcial de ella que termina sustituyendo la conversación política. Se habla más de “lo que piensa la gente” según el sondeo que de los problemas reales que afectan a esa misma gente.

 

El mercado de las expectativas

Anthony Giddens describía la modernidad como un proceso de reflexividad: una sociedad que se observa a sí misma permanentemente. En Chile, las encuestas cumplen justamente esa función: no nos dicen lo que pasa, sino lo que creemos que pasa según la percepción de los demás.

Esto genera un mercado de expectativas en el que los políticos se comportan como inversionistas bursátiles. Su capital no son acciones, sino puntos porcentuales. Cada alza es celebrada como un “superávit de confianza”; cada baja se traduce en ajuste de discurso, cambio de estrategia o incluso de asesores de campaña.

El resultado es perverso: la política deja de ser un espacio de conducción y se convierte en un juego de espejos. No se actúa para resolver problemas estructurales, sino para estar en sintonía con lo que supuestamente piensa el electorado esa semana. Como en el mercado financiero, lo que importa no es la realidad, sino la expectativa de la realidad.

El ritual de la legitimidad

Niklas Luhmann decía que los sistemas sociales necesitan rituales para reducir la complejidad. En Chile, la encuesta funciona como ese ritual. Cada domingo, los noticiarios ofrecen una especie de ceremonia colectiva: gráficos coloridos, expertos serios, paneles de opinión y la inevitable pregunta: “¿subió o bajó?”.

El efecto es que la ciudadanía asimila la política como una serie de “marcadores semanales”, al modo de la tabla de posiciones en un campeonato. Y como en el fútbol, no importa tanto cómo se jugó, sino si el equipo ganó o perdió puntos.

La encuesta se convierte en un sacramento secular: valida a unos, condena a otros, otorga legitimidad momentánea a quienes encabezan los gráficos y debilita a quienes caen en ellos. Se instala la ilusión de certeza en medio de la incertidumbre política. Pero, como todo ritual, lo importante no es la verdad de lo que se mide, sino la confianza en el rito mismo.

El riesgo de la profecía autocumplida

La encuestitis no es un juego inocente. Al transformar la encuesta en el centro de la conversación pública, convertimos el voto en una especie de apuesta estratégica. Muchos ciudadanos ya no votan por el proyecto que consideran mejor, sino por el que creen que puede ganar.

Esto desencadena un fenómeno de profecía autocumplida: si un candidato aparece como “sin posibilidades”, queda liquidado antes de la elección. Al revés, quien lidera las encuestas recibe un impulso extra, incluso si sus propuestas son débiles o ambiguas. La política se transforma en un casino donde los dados no reflejan azar, sino expectativas manipuladas.

Peor aún, los actores políticos adaptan sus discursos no a lo que creen justo o necesario, sino a lo que el sondeo indica como rentable. Así, la democracia se convierte en un espacio de cálculo estratégico permanente, donde el contenido cede ante la táctica.

 ¿Cómo salir de la fiebre?

La solución no pasa por prohibir las encuestas: son herramientas legítimas y necesarias cuando están bien hechas y se interpretan con prudencia. El problema surge cuando se transforman en brújulas absolutas que definen el rumbo de la política.

Salir de la fiebre implica varias cosas:

1. Regular la difusión de encuestas en períodos electorales para evitar su uso como herramienta de manipulación más que de información.

2. Fomentar la educación cívica para que la ciudadanía entienda márgenes de error, sesgos y limitaciones metodológicas.

3. Recuperar la deliberación democrática, es decir, volver a poner las ideas, los proyectos y los debates en el centro de la política.

4. Reforzar los espacios de discusión pública (foros, cabildos, debates programáticos) donde el valor esté en la argumentación y no en la gráfica de turno.

En definitiva, la pregunta central no debería ser “¿cuánto marcó?”, sino “qué propone y para quién”.

Conclusiones

La encuestitis es síntoma de una democracia que ha delegado su sentido en los números. Los candidatos ya no parecen querer conducir un proyecto de país, sino apenas surfear la ola de las percepciones.

Y como toda fiebre, la encuestitis puede dejar secuelas: un sistema político debilitado, reducido a una serie de gráficas semanales que suben y bajan sin que sepamos realmente hacia dónde vamos. El riesgo es que confundamos el termómetro con el enfermo, y que la política chilena quede atrapada en su propio ciclo de expectativas.