El envejecimiento de los acontecimientos políticos: una mirada desde la sociología de la memoria colectiva

 Los acontecimientos políticos no envejecen únicamente por el tiempo transcurrido, sino porque las sociedades reconstruyen permanentemente su significado. Lo que ayer representó esperanza, ruptura o transformación puede adquirir, años después, un sentido completamente distinto.

Existe una dimensión del envejecimiento político que no tiene relación con la edad de los gobernantes, la duración de los partidos ni el desgaste de los liderazgos. Se trata de un fenómeno más profundo: la transformación que experimenta la valoración social de los acontecimientos políticos a medida que transcurre el tiempo.

Una movilización, una reforma, un gobierno o una decisión histórica pueden ser interpretados de una manera cuando ocurren y de otra completamente distinta algunos años después. Aquello que despertó entusiasmo puede generar desencanto; lo que produjo rechazo puede adquirir reconocimiento; y las convicciones que parecían inamovibles pueden terminar modificándose ante nuevas circunstancias.

Desde la sociología, este fenómeno puede comprenderse mediante los conceptos de memoria colectiva, construcción social de la realidad y reconstrucción del pasado.

Maurice Halbwachs (1992), uno de los principales referentes de los estudios sobre memoria colectiva, planteó que los recuerdos no existen aislados de la sociedad, sino que se organizan dentro de marcos sociales. Recordar, por tanto, no consiste únicamente en recuperar acontecimientos, sino también en reconstruirlos desde las relaciones, experiencias y valores del presente.

Esta perspectiva permite formular una idea fundamental: los hechos políticos pertenecen al pasado, pero su significado social continúa construyéndose en el presente.

La memoria colectiva no es un archivo inmóvil

Habitualmente entendemos la historia como una sucesión de acontecimientos que permanecen registrados de manera definitiva. Sin embargo, la sociología distingue entre los hechos históricos y la memoria social que se construye alrededor de ellos.

Los acontecimientos pueden documentarse mediante fechas, decisiones, discursos y consecuencias. Pero su interpretación depende de los marcos culturales, las experiencias compartidas y las condiciones sociales desde las cuales son recordados.

Halbwachs (1992) sostiene, desde su teoría de la memoria colectiva, que los grupos sociales participan activamente en la reconstrucción del pasado. Esto implica que una sociedad puede modificar la valoración de un mismo acontecimiento sin que necesariamente cambien los antecedentes históricos que lo originaron.

Así, una reforma inicialmente resistida puede ser reivindicada décadas después. Un liderazgo ampliamente respaldado puede ser reconsiderado críticamente. Una movilización que despertó grandes expectativas puede comenzar a evaluarse desde sus resultados y no solamente desde sus motivaciones.

Jeffrey Olick y Joyce Robbins (1998) profundizan esta discusión al proponer el estudio de las prácticas sociales de la memoria, destacando que las formas de recordar tienen dinámicas históricas y sociales propias.

Desde esta perspectiva, recordar también constituye una práctica política: los actores sociales seleccionan, interpretan y transmiten determinados significados del pasado.

Por consiguiente, el envejecimiento de un acontecimiento político no corresponde solamente al desgaste de su recuerdo, sino a la transformación de las condiciones sociales desde las cuales se interpreta.

El presente modifica nuestra comprensión del pasado

Uno de los aportes más importantes de la sociología del conocimiento es comprender que las interpretaciones sociales no se producen al margen de la realidad cotidiana.

Peter Berger y Thomas Luckmann (1966), en La construcción social de la realidad, explican cómo los significados compartidos se producen, institucionalizan y transforman mediante la interacción social.

Aplicada al análisis político, esta perspectiva permite comprender que las ideas que una sociedad considera legítimas, necesarias o razonables pueden modificarse junto con sus experiencias históricas.

Las personas no evalúan permanentemente los acontecimientos desde las mismas condiciones materiales y culturales.

Una sociedad que atraviesa un período de crecimiento económico puede interpretar ciertas decisiones públicas de manera diferente a otra que enfrenta desempleo, inseguridad o incertidumbre.

Del mismo modo, cuando cambian las prioridades ciudadanas, también puede cambiar la importancia atribuida a los acontecimientos anteriores.

Esto no significa que el pasado se vuelva falso o que los hechos pierdan su existencia objetiva. Significa que las interpretaciones sociales son históricas y están condicionadas por los contextos desde los cuales se construyen.

En consecuencia, muchas veces creemos que estamos cambiando nuestra opinión sobre un acontecimiento, cuando en realidad también ha cambiado la sociedad desde la cual lo observamos.

El desplazamiento de las convicciones políticas

Uno de los aspectos más interesantes de este proceso es la modificación de las adhesiones colectivas.

La sociología política permite distinguir entre los valores que una sociedad declara defender y las interpretaciones que realiza sobre los medios utilizados para alcanzarlos.

Una persona puede mantener su aspiración de justicia social, libertad, igualdad o estabilidad institucional y, sin embargo, modificar profundamente su juicio respecto de un movimiento, gobierno o reforma que inicialmente consideró necesario.

Esto ocurre porque los principios, las expectativas y los resultados no siempre evolucionan de la misma manera.

Un acontecimiento puede adquirir legitimidad por las demandas que representa, pero ser cuestionado posteriormente por sus consecuencias. También puede ocurrir lo contrario: decisiones impopulares en su origen pueden ser reconsideradas a partir de resultados conocidos años después.

Aquí resulta pertinente la contribución de Eviatar Zerubavel (2003), quien analiza cómo los grupos sociales organizan cognitivamente el pasado, estableciendo conexiones, separaciones y períodos históricos que permiten dar sentido a los acontecimientos.

Desde esta mirada, la memoria no solamente conserva lo ocurrido: también establece qué hechos se consideran relevantes, cuáles se relacionan entre sí y desde qué momento comienza a interpretarse una determinada etapa histórica.

Por ello, los acontecimientos políticos pueden cambiar de significado cuando son incorporados a nuevos relatos colectivos.

Lo que alguna vez fue comprendido como el inicio de una transformación puede reinterpretarse posteriormente como una etapa de transición, una oportunidad desaprovechada o un momento de aprendizaje.

No necesariamente porque hayan desaparecido las convicciones originales, sino porque los resultados y las experiencias posteriores modificaron el relato que las sostenía.

La disputa por el significado del pasado

La memoria política tampoco es neutral ni homogénea.

Diferentes generaciones, grupos sociales y corrientes ideológicas pueden conservar interpretaciones contradictorias sobre un mismo acontecimiento.

Olick y Robbins (1998) muestran que los estudios de memoria social deben considerar tanto los procesos de construcción de recuerdos como las prácticas e instituciones que contribuyen a reproducirlos.

Esto resulta especialmente relevante en el debate público.

Los partidos políticos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y las instituciones participan en la circulación de interpretaciones sobre el pasado. Sus relatos pueden mantenerse, transformarse o entrar en conflicto con nuevas experiencias ciudadanas.

De esta manera, un acontecimiento puede ser reivindicado por un sector mientras otro lo cuestiona, y ambas interpretaciones pueden experimentar modificaciones con el paso del tiempo.

La sociología permite advertir que estos desacuerdos no responden exclusivamente a diferencias de información. También se relacionan con las experiencias, identidades e intereses desde los cuales los grupos construyen su memoria.

El desafío consiste en distinguir entre una revisión crítica fundamentada y una reinterpretación que omite antecedentes relevantes para favorecer una posición del presente.

Porque la memoria colectiva es selectiva, pero esa selectividad no debería convertirse en una licencia para desconocer los hechos.

¿Aprendizaje social o acomodación política?

Una de las preguntas centrales que plantea este fenómeno es si los cambios en la valoración de los acontecimientos reflejan aprendizaje colectivo o simplemente adaptación a nuevas circunstancias.

Desde una perspectiva sociológica, ambas posibilidades pueden coexistir.

Las sociedades adquieren conocimientos mediante la experiencia. Las consecuencias de determinadas decisiones se hacen visibles con el tiempo y permiten revisar expectativas iniciales.

Pero también intervienen procesos de legitimación, disputas por el poder y reconstrucción de identidades.

Berger y Luckmann (1966) permiten comprender cómo los significados compartidos se sostienen mediante procesos sociales de legitimación. Cuando cambian las condiciones que respaldaban determinadas interpretaciones, estas pueden ser cuestionadas y reemplazadas por otras.

En la esfera política, esto ayuda a explicar por qué algunas posiciones que parecían ampliamente aceptadas pierden legitimidad, mientras otras, antes minoritarias, adquieren mayor presencia en el debate público.

Sin embargo, no sería riguroso interpretar cada cambio de opinión como oportunismo.

Una modificación de las convicciones puede reflejar aprendizaje, nuevos antecedentes, experiencias personales o transformaciones generacionales.

El problema surge cuando los actores políticos reconstruyen su posición pasada como si siempre hubieran sostenido la interpretación actualmente dominante.

En ese caso, la memoria puede convertirse en un instrumento de justificación, más que en una oportunidad de comprender críticamente lo ocurrido.

El tiempo como constructor de nuevos significados

Desde esta perspectiva, el tiempo no actúa como un juez automático de la historia.

No basta con que transcurran años para que una sociedad alcance una comprensión más objetiva de sus acontecimientos.

La distancia temporal puede facilitar la evaluación de consecuencias, pero también puede producir olvidos, simplificaciones y nuevas interpretaciones parciales.

Zerubavel (2003) permite comprender que las representaciones colectivas del tiempo responden a formas socialmente construidas de organizar el pasado.

Por ello, los acontecimientos no poseen necesariamente un significado político definitivo.

Su sentido continúa transformándose mediante las experiencias posteriores, las disputas de interpretación y las nuevas necesidades sociales.

Lo que una generación interpreta como conquista puede ser observado por otra como un punto de partida insuficiente. Lo que para algunos significó estabilidad puede representar para otros una etapa de exclusión. Y lo que en determinado momento constituyó una ruptura histórica puede adquirir posteriormente una dimensión diferente.

El envejecimiento político de los acontecimientos aparece, entonces, como una expresión de la relación dinámica entre historia, memoria y sociedad.

La responsabilidad de recordar sin renunciar a pensar

Existe una enseñanza especialmente relevante para las democracias contemporáneas.

Si aceptamos que la memoria colectiva cambia, también debemos reconocer la importancia de revisar nuestras interpretaciones sin desconocer las responsabilidades históricas.

Una sociedad democrática necesita conservar la capacidad de cuestionar sus propias certezas. Pero también requiere distinguir entre la evolución legítima del pensamiento y la manipulación interesada del pasado.

No se trata de exigir que las personas mantengan intactas todas sus opiniones durante décadas. Tampoco de suponer que el cambio constituye, por sí solo, una muestra de madurez.

Se trata de comprender por qué cambian las interpretaciones, qué experiencias influyeron en ellas y cuáles son los hechos que permiten sostenerlas.

La sociología nos recuerda que no pensamos fuera de nuestro tiempo. Nuestras convicciones se encuentran relacionadas con las condiciones sociales en las que vivimos, los grupos a los que pertenecemos y las experiencias que compartimos.

Pero reconocer esa influencia no significa renunciar al pensamiento crítico.

Por el contrario, significa asumir que nuestras propias interpretaciones también pueden ser revisadas.

Reflexión final: los acontecimientos envejecen, las sociedades se transforman

Tal vez una de las mayores paradojas de la política sea que solemos defender nuestras interpretaciones del presente como si fueran verdades definitivas, olvidando que muchas de nuestras certezas actuales son el resultado de haber abandonado otras que alguna vez consideramos igualmente incuestionables.

Los acontecimientos políticos envejecen porque las sociedades cambian, porque las expectativas se enfrentan a los resultados y porque las nuevas generaciones construyen sus propias formas de comprender la historia.

Desde la sociología de la memoria colectiva, este proceso no constituye necesariamente una anomalía ni una señal de decadencia. Es una manifestación de la naturaleza histórica de nuestras representaciones sociales.

Sin embargo, plantea una responsabilidad fundamental: evitar que la reinterpretación del pasado se transforme en su negación.

Podemos modificar nuestros juicios sobre un gobierno, una movilización, una reforma o un liderazgo sin desconocer las circunstancias que explican su aparición.

Podemos reconocer errores donde antes observábamos virtudes y descubrir méritos en decisiones que inicialmente rechazamos.

Lo importante es hacerlo desde la reflexión y no solamente desde la conveniencia.

Porque la historia registra los acontecimientos, pero la sociedad construye sus significados. Y mientras los hechos permanecen, nuestras interpretaciones continúan envejeciendo, cambiando y, en ocasiones, contradiciéndose.

Quizás la verdadera madurez política no consista en pensar siempre lo mismo, sino en ser capaces de explicar con honestidad por qué hoy pensamos distinto.

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Referencias bibliográficas

Normas APA, 7.ª edición

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Doubleday.

Halbwachs, M. (1992). On collective memory (L. A. Coser, Ed. & Trad.). University of Chicago Press.

Olick, J. K., & Robbins, J. (1998). Social memory studies: From “collective memory” to the historical sociology of mnemonic practices. Annual Review of Sociology, 24, 105–140. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.105

Zerubavel, E. (2003). Time maps: Collective memory and the social shape of the past. University of Chicago Press.

La política en el desierto

 Las democracias no se fortalecen cuando los partidos gobiernan, sino cuando aprenden a sobrevivir dignamente en el desierto.

Existe una tendencia habitual en la política contemporánea a evaluar la fortaleza de los partidos por su capacidad de alcanzar el gobierno. Se mide su éxito por los ministerios que controlan, los cargos que distribuyen o las mayorías parlamentarias que logran construir. Sin embargo, la historia política demuestra que los momentos más decisivos para una organización no suelen ocurrir cuando ejerce el poder, sino cuando lo pierde.

Es en la oposición donde los partidos revelan su verdadera naturaleza. Mientras el gobierno ofrece recursos, visibilidad y capacidad de influencia, el desierto político expone las convicciones reales, la calidad de los liderazgos y la profundidad de los proyectos colectivos. Gobernar puede ser una demostración de fuerza; sobrevivir fuera del poder es una prueba de carácter.

La metáfora del desierto es particularmente útil para comprender estos procesos. En la tradición bíblica, el desierto no es simplemente un lugar de tránsito. Es un espacio de aprendizaje, de prueba y de transformación. Quienes lo atraviesan no llegan al final siendo los mismos que comenzaron el viaje. En política ocurre algo similar. La derrota obliga a revisar certezas, cuestionar estrategias y replantear identidades.

La experiencia muestra que muchos partidos confunden la pérdida del gobierno con la pérdida de sentido. Durante años construyen su cohesión en torno al acceso al poder y terminan olvidando que la política democrática requiere algo más que administrar instituciones. Cuando la derrota llega, descubren que gran parte de su unidad dependía de los cargos y no de las ideas.

No es casualidad que los períodos más fecundos de renovación política hayan surgido precisamente en momentos de adversidad. La oposición obliga a escuchar más de lo que se habla. Obliga a observar una sociedad que cambia mientras las élites partidarias suelen permanecer aferradas a diagnósticos antiguos. Lejos de los ministerios y de la administración cotidiana, reaparece una pregunta fundamental: ¿para qué existe este proyecto político?

Desde una perspectiva sociológica, el desierto cumple una función de selección. Los liderazgos construidos únicamente sobre la base del poder institucional suelen perder relevancia rápidamente. En cambio, emergen aquellos capaces de ofrecer interpretación, orientación y sentido. La autoridad deja de depender de la jerarquía formal y comienza a construirse sobre la credibilidad.

Algo similar ocurre con las ideas. Mientras se gobierna, la urgencia de la gestión muchas veces desplaza la reflexión estratégica. En la oposición existe la posibilidad de volver a pensar. No para elaborar programas electorales, sino para comprender transformaciones sociales más profundas: cambios culturales, nuevas demandas ciudadanas, modificaciones en las formas de participación y en las expectativas sobre el Estado.

Sin embargo, no todas las travesías terminan en renovación. Algunas organizaciones quedan atrapadas en el desierto. La razón suele ser la misma: transformar la derrota en nostalgia. En lugar de preguntarse por qué cambiaron los ciudadanos, se aferran a la idealización del pasado. Confunden memoria con inmovilismo y terminan construyendo una identidad basada exclusivamente en aquello que fueron.

La política latinoamericana ofrece numerosos ejemplos. Sectores de izquierda y de derecha han experimentado largos períodos de marginalidad, pero los resultados han sido distintos. Algunos utilizaron esos años para reconstruir liderazgos, actualizar discursos y ampliar sus bases sociales. Otros simplemente esperaron el desgaste de sus adversarios, apostando a que el poder regresaría por inercia. Los primeros volvieron fortalecidos; los segundos regresaron sin haber aprendido nada.

En Chile, esta reflexión adquiere una relevancia particular. Durante décadas, los grandes bloques políticos alternaron períodos de gobierno y oposición relativamente breves. Sin embargo, la creciente fragmentación del sistema, la volatilidad electoral y el debilitamiento de las identidades partidarias han convertido el desierto en una experiencia cada vez más incierta. Ya no existe garantía de retorno. La ciudadanía parece menos dispuesta a otorgar cheques en blanco y más inclinada a evaluar resultados concretos.

Por eso, la verdadera pregunta para los partidos no es cuándo volverán a gobernar, sino qué están haciendo mientras esperan. ¿Están formando nuevos liderazgos? ¿Están produciendo ideas? ¿Están reconstruyendo vínculos con la sociedad? ¿O simplemente administran la nostalgia de tiempos mejores?

Max Weber sostenía que la vocación política exige la capacidad de perseverar incluso cuando la realidad parece negar toda posibilidad de éxito. Esa perseverancia no consiste en la obstinación ciega ni en la mera resistencia. Consiste en mantener un propósito colectivo cuando las recompensas inmediatas desaparecen.

Las democracias necesitan gobiernos eficaces, pero también necesitan oposiciones capaces de aprender. Una democracia madura no se mide únicamente por la calidad de quienes ejercen el poder, sino por la calidad de quienes son capaces de perderlo y seguir contribuyendo al debate público.

Porque, al final, los gobiernos pasan, las mayorías cambian y los ciclos políticos se suceden. Lo que permanece es la capacidad de las instituciones y de los partidos para renovarse sin renunciar a sus principios fundamentales.

Quizás por eso las democracias no se fortalecen cuando los partidos gobiernan. Se fortalecen cuando aprenden a sobrevivir dignamente en el desierto, convirtiendo la derrota en reflexión, la incertidumbre en aprendizaje y la espera en una oportunidad para volver a construir sentido político.

Doris Cooper tenía razón en algo incómodo - Del hampa al narco: volver a mirar la delincuencia como un fenómeno social

 

Durante años, Doris Cooper hizo algo que la discusión pública chilena parece haber olvidado: entró a las cárceles para intentar comprender a quienes estaban dentro. No para justificarlos, romantizarlos ni convertir al delincuente en víctima automática de la sociedad. Quería saber de dónde venían determinadas formas de delincuencia, qué códigos tenían, cómo se organizaban y qué condiciones sociales permitían que esos mundos se reprodujeran. Su investigación sobre la delincuencia común chilena fue empírica y extensa, y buena parte de ella nació precisamente de ese contacto directo con las poblaciones penales.

Volver a Cooper hoy resulta particularmente incómodo porque Chile discute seguridad casi exclusivamente desde el delito consumado. Contamos homicidios, encerronas, secuestros, extorsiones, armas incautadas y toneladas de droga. Naturalmente debemos hacerlo. Una sociedad democrática tiene el deber elemental de proteger a sus ciudadanos y utilizar legítimamente la fuerza del Estado contra quienes los amenazan. Pero después de detener, condenar y encarcelar queda una pregunta que ninguna patrulla puede responder: ¿por qué determinados territorios y grupos sociales producen y reproducen ciertas formas de criminalidad?

Ahí Cooper sigue teniendo algo que decirnos.

Una de sus contribuciones fue la denominada “teoría del continuo subcultural de la delincuencia”, publicada ya en 1989. Su planteamiento buscaba distinguir formas de delincuencia vinculándolas con diferentes contextos sociales, culturales y económicos, en vez de imaginar el delito como un fenómeno homogéneo. Más adelante desarrollaría la idea de distintos “nichos etiológicos”: contextos socioestructurales y culturales diferentes capaces de producir formas también diferentes de delincuencia. Entre ellos identificó pobreza y extrema pobreza, estructuras culturales machistas y patriarcales, determinadas realidades rurales y factores psicopatológicos.

La palabra importante es contexto.

Porque decir que existe un contexto social para el delito no significa afirmar que la pobreza convierte automáticamente a alguien en delincuente. Millones de personas pobres jamás han cometido un delito y sería profundamente injusto establecer semejante equivalencia. Significa algo diferente: que determinadas condiciones pueden facilitar la formación de subculturas donde aparecen códigos, jerarquías, identidades y oportunidades económicas propias.

Cooper observó precisamente eso en el antiguo hampa chileno. Encontró una estructura con categorías, prestigios internos, normas y códigos. Investigaciones contemporáneas que revisan su obra recuerdan que aquel mundo de “ladrones profesionales” tenía incluso reglas que limitaban ciertas formas de violencia y establecían jerarquías entre asaltantes, monreros, lanzas, mecheros y otras especialidades.

Y aquí aparece una pregunta fascinante para el Chile de 2026:

¿qué ocurrió cuando aquella contracultura del hampa se encontró con la cultura del narcotráfico?

Probablemente ahí exista una de las transformaciones sociales más importantes de nuestras últimas décadas.

El delincuente que Cooper estudió pertenece parcialmente a otro Chile. El narcotráfico introdujo algo distinto: dinero rápido, control territorial, armas, capacidad de intimidación y una violencia que no necesita respetar los antiguos códigos del hampa. La investigación reciente ha utilizado precisamente el contraste entre aquel mundo descrito por Cooper y el narco contemporáneo para advertir sobre esta transformación.

Pero existe algo todavía más profundo. El narcotráfico no ofrece solamente dinero. Ofrece pertenencia.

Y esa cuestión conecta directamente con otra dimensión de Cooper. En 1999 relacionó determinadas expresiones de violencia con problemas de identidad y solidaridad, señalando que pandillas y grupos marginales podían entregar identidad, protección, afecto y pertenencia allí donde otras estructuras sociales habían perdido capacidad de hacerlo.

Leído veintisiete años después, aquello resulta inquietantemente actual.

Porque quizás llevamos demasiado tiempo preguntándonos cómo sacar al narco de las poblaciones y demasiado poco preguntándonos qué puso el narco en los espacios que otros abandonaron.

Cuando una organización criminal ofrece ingresos, identidad, protección, reconocimiento y pertenencia a un adolescente, el problema ya no es solamente policial. Se ha convertido en una disputa por la socialización. El narcotráfico comienza a competir con la familia, la escuela, el barrio, el trabajo e incluso con el propio Estado.

Y entonces aparece la anomia.

Una sociedad dice a sus jóvenes que deben progresar, consumir, tener éxito y demostrarlo. Pero no todos disponen de los mismos medios legítimos para alcanzar aquello que la propia sociedad presenta como deseable. Cuando la distancia entre expectativas y oportunidades se vuelve demasiado grande, pueden aparecer caminos alternativos para obtener dinero, reconocimiento y estatus. Cooper vinculó precisamente parte de su explicación criminológica con pobreza, exclusión y economías informales e ilegales.

Hoy podríamos agregar algo que su época apenas comenzaba a conocer: las redes sociales.

El muchacho de una población ya no compara su vida solamente con la del vecino. Lleva en el bolsillo una pantalla que le muestra permanentemente automóviles, zapatillas, viajes, relojes y estilos de vida que funcionan como símbolos de éxito. La sociedad de consumo democratizó el deseo mucho más rápido que las oportunidades para satisfacerlo.

Eso no transforma automáticamente a nadie en delincuente.

Pero sería ingenuo pensar que no produce tensiones.

Por eso recuperar a Cooper tampoco significa convertir sus teorías en dogma. Algunas categorías pertenecen a otra época, otras necesitan revisión empírica y explicar estructuralmente el delito jamás puede significar diluir la responsabilidad individual. Quien asesina, secuestra o extorsiona debe responder ante la ley. Comprender no significa absolver.

Esa distinción debería ser fundamental para una política moderna de seguridad.

La derecha suele sentirse más cómoda hablando de control, policía, penas y cárceles. La izquierda ha privilegiado históricamente las causas sociales, la desigualdad y la prevención. Chile necesita abandonar esa falsa elección. El Estado debe llegar antes que el delincuente, pero también después; debe prevenir y castigar; ofrecer oportunidades y ejercer autoridad.

Una patrulla puede recuperar una esquina durante una noche. Una condena puede sacar de circulación a un delincuente peligroso. Ambas cosas son necesarias. Pero ninguna, por sí sola, reconstruye una comunidad.

Si queremos disputar realmente los territorios al narcotráfico tendremos que reconstruir aquello que permite que una comunidad vuelva a producir pertenencia por vías legítimas: escuelas capaces de retener, barrios habitables, deporte, organizaciones sociales, trabajo, policías respetadas, municipios presentes y un Estado que no aparezca solamente después del homicidio.

Quizás ésa sea una de las razones por las que vale la pena volver a leer a Doris Cooper.

No porque haya dejado una fórmula para solucionar la delincuencia chilena de 2026. El país cambió, el delito cambió y también cambiaron las organizaciones criminales.

Su aporte está en otra parte: nos enseñó a mirar detrás del delito.

Y en tiempos en que la discusión pública parece dividirse entre quienes quieren explicar todo mediante las condiciones sociales y quienes creen que basta con aumentar las penas, aquella mirada resulta extraordinariamente vigente.

Chile necesita cárceles para quienes deben estar presos. Necesita policías fuertes, fronteras controladas y barrios donde vuelva a imperar la ley. Pero también necesita preguntarse por qué un adolescente puede encontrar más identidad, reconocimiento y futuro dentro de una organización criminal que fuera de ella.

Porque cuando el narco comienza a ofrecer comunidad, protección y pertenencia, mientras el Estado ofrece solamente castigo después del delito, la batalla comenzó mucho antes de que escucháramos el primer disparo.

Y Doris Cooper, varias décadas atrás, ya nos estaba diciendo que miráramos precisamente allí.

Teoría del continuo subcultural de la delincuencia — Universidad de Chile

Algunos elementos estructurales de la violencia y los problemas de identidad y solidaridad — Universidad de Chile

 

Durante varias décadas, la política sudamericana pareció avanzar bajo el supuesto de que las antiguas disputas territoriales habían quedado definitivamente subordinadas a la integración económica, la cooperación regional y la consolidación de mecanismos institucionales para resolver controversias. En ese contexto, las fronteras comenzaron a ser vistas menos como espacios de confrontación y más como lugares de intercambio. Sin embargo, esa transformación no eliminó la dimensión política del territorio. La geografía nunca dejó de constituir una variable del poder; simplemente quedó contenida por tratados, instituciones y equilibrios diplomáticos que disminuyeron su visibilidad. La reciente controversia surgida a propósito del Estrecho de Magallanes resulta interesante precisamente por eso: más que revelar una disputa territorial efectiva, permite observar cómo un espacio jurídicamente estabilizado puede recuperar súbitamente centralidad cuando vuelve a ser incorporado al discurso político de los Estados.

El episodio debe analizarse, por tanto, con cierta distancia respecto de las reacciones nacionalistas que suelen acompañar cualquier controversia fronteriza. Desde el punto de vista jurídico, Chile y Argentina poseen un marco bilateral construido durante más de un siglo y particularmente consolidado mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El régimen del Estrecho de Magallanes, su libre navegación y las respectivas soberanías territoriales no dependen de declaraciones circunstanciales de una autoridad política. Pero precisamente porque la cuestión jurídica se encuentra institucionalizada, el interés sociológico y politológico del episodio aparece en otro lugar: en la relación entre territorio, soberanía, discurso político y capacidad estatal. La pregunta relevante no consiste solamente en determinar qué dicen los tratados, sino en comprender por qué territorios aparentemente alejados de la discusión cotidiana pueden volver a adquirir importancia política y qué significa para un Estado ejercer soberanía efectiva sobre ellos.

El territorio como dimensión del Estado

La ciencia política moderna difícilmente puede comprender al Estado sin considerar su dimensión territorial. Desde la clásica formulación de Max Weber, el Estado moderno se encuentra asociado a una comunidad política capaz de reclamar exitosamente el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado. Pero el territorio no constituye simplemente el escenario físico donde actúan las instituciones. Es también una construcción política: un espacio delimitado, administrado, conectado y representado simbólicamente como parte de una comunidad nacional. En otras palabras, una frontera puede encontrarse perfectamente definida en un tratado y, aun así, necesitar de una permanente reproducción institucional para adquirir existencia política concreta.

Esta distinción permite separar dos dimensiones que frecuentemente se confunden: la soberanía jurídica y la soberanía efectiva. La primera deriva del derecho, de los tratados y del reconocimiento internacional; la segunda se expresa mediante la capacidad material del Estado para ejercer sus funciones sobre el territorio. Carreteras, puertos, conectividad digital, presencia de servicios públicos, investigación científica, capacidades marítimas, infraestructura logística y población permanente son también manifestaciones de soberanía. Desde esta perspectiva, el verdadero desafío chileno respecto de Magallanes no consiste únicamente en reaccionar frente a una declaración proveniente del extranjero, sino en preguntarse hasta qué punto el país ha transformado su excepcional posición geográfica austral en una verdadera política de Estado.

El problema adquiere especial relevancia en un país históricamente centralizado como Chile. La organización política y administrativa chilena ha tendido a interpretar el territorio desde Santiago, convirtiendo muchas veces a las regiones extremas en periferias cuya principal relación con el Estado se establece mediante políticas de conectividad, subsidios o compensaciones por aislamiento. Esta mirada resulta insuficiente cuando se observa Magallanes desde una perspectiva estratégica. Lo que desde el centro aparece como periferia puede convertirse, desde la geopolítica, en un nodo. Punta Arenas, Puerto Williams, el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos y la proximidad con la Antártica forman un sistema territorial cuya relevancia excede ampliamente la dimensión regional. El desafío consiste, entonces, en invertir conceptualmente el mapa: dejar de pensar el extremo austral exclusivamente desde su distancia respecto de Santiago y comenzar a comprenderlo desde su proximidad a espacios que pueden adquirir creciente importancia internacional.

Cuando la geografía vuelve a producir poder

Una de las paradojas de la globalización fue haber instalado durante algún tiempo la percepción de que las distancias y las fronteras estaban perdiendo relevancia. La expansión del comercio internacional, las cadenas globales de producción y las tecnologías de comunicación parecían anunciar un mundo progresivamente desterritorializado. Sin embargo, las crisis de las últimas décadas han mostrado algo diferente. Las cadenas logísticas poseen puntos vulnerables; los recursos naturales continúan localizados territorialmente; los Estados siguen controlando puertos, mares y corredores; y determinados accidentes geográficos mantienen una capacidad extraordinaria para condicionar el funcionamiento del sistema internacional.

Los estrechos marítimos constituyen probablemente uno de los ejemplos más evidentes. Gibraltar, Ormuz, Malaca, Bab el-Mandeb, el Bósforo o los canales de Suez y Panamá poseen una importancia política desproporcionada respecto de su extensión territorial. Son espacios donde la geografía concentra circulación y, precisamente por ello, adquiere valor estratégico. No todos tienen el mismo régimen jurídico ni desempeñan funciones equivalentes, por supuesto, pero comparten una característica fundamental: demuestran que la infraestructura global de circulación continúa dependiendo de lugares físicos específicos. La globalización, lejos de abolir la geografía, hizo más evidente la importancia de determinados puntos de conexión.

El Estrecho de Magallanes debe comprenderse dentro de esta lógica, aunque evitando exageraciones. El Canal de Panamá modificó profundamente su importancia para el comercio mundial desde comienzos del siglo XX, y no existe fundamento para imaginar que el Estrecho vaya a reemplazar repentinamente las grandes rutas marítimas actuales. Pero el análisis estratégico no consiste en pronosticar escenarios espectaculares, sino en identificar tendencias capaces de modificar gradualmente el valor relativo de determinados territorios. El crecimiento del comercio transpacífico, la vulnerabilidad de las cadenas logísticas, las transformaciones climáticas, el desarrollo de nuevas tecnologías marítimas y el renovado interés internacional por las regiones polares justifican que Chile vuelva a observar su territorio austral desde una perspectiva de largo plazo.

El cambio climático también modifica la política del espacio

Uno de los elementos más interesantes para las ciencias sociales es que el cambio climático no transforma solamente ecosistemas: también puede alterar la significación política de los territorios. El retroceso de hielos y las modificaciones en las condiciones de navegación del Ártico han generado nuevas discusiones sobre rutas marítimas, recursos naturales, infraestructura y presencia estratégica de los Estados. La Antártica posee un régimen internacional completamente diferente y sería conceptualmente incorrecto trasladar mecánicamente la experiencia ártica al continente austral. Sin embargo, ambos fenómenos permiten comprender una cuestión más amplia: las condiciones físicas sobre las cuales se construyó determinado orden geopolítico no son necesariamente permanentes.

Para Chile, aquello obliga a pensar en escalas temporales superiores al período presidencial. El país posee una posición singular respecto del sistema austral compuesto por el Estrecho de Magallanes, los canales fueguinos, el Cabo de Hornos, el paso Drake y la puerta de entrada hacia la Antártica. Esa posición no garantiza por sí misma influencia política. La geografía constituye una posibilidad; convertirla en poder depende de capacidades estatales. De allí que una política austral moderna deba integrar dimensiones que habitualmente aparecen fragmentadas entre distintos organismos: infraestructura portuaria, ciencia antártica, desarrollo regional, capacidades navales, protección ambiental, telecomunicaciones, logística, relaciones internacionales y cooperación científica. La soberanía contemporánea se vuelve, en este sentido, menos declamativa y mucho más compleja administrativamente.

Soberanía efectiva y capacidad estatal

Aquí aparece una cuestión clásica de la sociología política: la diferencia entre poseer formalmente autoridad y disponer de las capacidades necesarias para ejercerla. Los Estados pueden proclamar soberanía sobre un territorio, pero su presencia concreta depende de instituciones capaces de convertir esa soberanía en administración cotidiana. Esta perspectiva permite abandonar una concepción puramente simbólica de la cuestión territorial. Defender un territorio no significa solamente desplegar símbolos nacionales ni responder diplomáticamente cuando otro actor formula una declaración incómoda. Significa desarrollar las capacidades públicas necesarias para conocerlo, conectarlo, administrarlo y proyectarlo.

Por ello, la pregunta sobre Magallanes debería trasladarse desde el terreno de la indignación hacia el terreno de las políticas públicas. ¿Cuál será el papel de Punta Arenas dentro de la estrategia antártica chilena durante las próximas décadas? ¿Qué infraestructura marítima necesita el país? ¿Qué capacidades científicas deberían instalarse permanentemente en la región? ¿Cómo se fortalece Puerto Williams como presencia estatal y plataforma austral? ¿Qué política demográfica y económica permite sostener comunidades en territorios extremos? ¿Cómo se articulan Armada, universidades, gobiernos regionales, servicios públicos y política exterior dentro de una estrategia común? Estas preguntas parecen menos emocionantes que una controversia diplomática, pero son infinitamente más importantes para el ejercicio real de la soberanía.

En este punto resulta útil recuperar el concepto de capacidad estatal, ampliamente utilizado por la ciencia política contemporánea. Un Estado no es fuerte simplemente porque dispone de leyes o porque sus autoridades poseen atribuciones formales. Su fortaleza depende también de su capacidad para implementar decisiones, obtener información, coordinar instituciones y mantener presencia territorial. Aplicado a Magallanes, ello significa que la soberanía debe medirse igualmente en términos de conocimiento científico, infraestructura, logística y administración. Un puerto moderno puede constituir una herramienta de soberanía tanto como una declaración diplomática; una base científica permanente puede tener tanta relevancia estratégica como un discurso; y una comunidad austral conectada con el resto del país representa una forma particularmente concreta de integración territorial.

Cooperar no significa renunciar

Existe, además, una falsa oposición que suele aparecer cada vez que surgen controversias entre Chile y Argentina: aquella que obliga a elegir entre cooperación y defensa de los intereses nacionales. La historia reciente demuestra justamente lo contrario. Ambos países estuvieron peligrosamente cerca de un enfrentamiento militar en 1978 y posteriormente construyeron una arquitectura institucional capaz de transformar una relación marcada por la desconfianza en una extensa red de cooperación fronteriza, económica, militar y política. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 fue decisivo precisamente porque permitió que la claridad jurídica respecto de cuestiones territoriales conviviera con mecanismos permanentes de cooperación.

La experiencia contiene una enseñanza relevante para la teoría política de las fronteras. La integración no requiere necesariamente la desaparición de las soberanías; puede necesitar, por el contrario, que estas sean suficientemente claras para permitir relaciones estables entre los Estados. Una frontera institucionalizada puede convertirse en espacio de cooperación porque reduce incertidumbre, establece reglas y crea mecanismos para administrar desacuerdos. Chile no necesita escoger entre mantener una relación estratégica con Argentina y afirmar con claridad sus intereses en el extremo austral. Ambas dimensiones pueden coexistir perfectamente dentro de una política exterior madura. La prudencia diplomática no equivale a debilidad, del mismo modo que la firmeza no necesita convertirse en nacionalismo retórico.

Magallanes y la sociología de las periferias

La controversia permite finalmente introducir una reflexión que excede las relaciones internacionales y entra directamente en la sociología política del territorio. Los Estados tienden a construir centros y periferias no solamente mediante la distancia geográfica, sino también mediante la distribución de recursos, instituciones y capacidad de decisión. Una región se vuelve periférica cuando las decisiones fundamentales que afectan su desarrollo se adoptan sistemáticamente desde otro lugar y cuando su valor es definido principalmente en relación con las necesidades del centro. Desde esta perspectiva, transformar Magallanes en un verdadero espacio estratégico requiere también modificar la forma en que el Estado chileno piensa territorialmente.

Esto supone comprender que algunas políticas tradicionalmente consideradas regionales poseen, en realidad, consecuencias nacionales e internacionales. Mejorar la infraestructura portuaria en Punta Arenas no constituye únicamente una inversión regional si fortalece la posición logística de Chile frente a la Antártica. Desarrollar capacidades científicas en el extremo austral no constituye solamente política universitaria si incrementa la presencia chilena en redes internacionales de investigación. Fortalecer Puerto Williams no es simplemente descentralización administrativa cuando su ubicación posee un valor geopolítico evidente. La frontera entre política regional y política exterior comienza entonces a desdibujarse: determinadas decisiones territoriales internas se convierten simultáneamente en instrumentos de proyección internacional.

El verdadero baño de realidad

La controversia sobre el Estrecho de Magallanes puede desaparecer rápidamente de la agenda pública, como ocurre con buena parte de las disputas diplomáticas. Pero sería un error que desapareciera con ella la pregunta que ha dejado planteada. El verdadero baño de realidad no consiste en descubrir súbitamente que Chile posee soberanía sobre un espacio cuya situación jurídica se encuentra establecida desde hace décadas. Consiste en recordar que el territorio continúa siendo una dimensión fundamental del poder político, incluso en sociedades acostumbradas a pensar la política principalmente desde las instituciones, las elecciones y la economía.

El siglo XXI está demostrando que océanos, corredores logísticos, recursos naturales, energía, infraestructura crítica y regiones polares pueden recuperar rápidamente centralidad estratégica. Para un país con la configuración geográfica de Chile, aquello debería conducir menos a una retórica nacionalista que a una reflexión seria sobre su capacidad estatal. La geografía ofrece oportunidades, pero no garantiza poder. Entre una posición geográfica privilegiada y una verdadera posición estratégica existe una diferencia fundamental: la presencia de un Estado capaz de comprenderla y actuar sobre ella.

Tal vez esa sea la principal enseñanza política que deja Magallanes. La soberanía no se demuestra únicamente cuando otro Estado obliga a recordarla. Se demuestra diariamente mediante instituciones, infraestructura, conocimiento, población, diplomacia y presencia territorial. Los tratados pueden establecer una frontera y el derecho internacional puede reconocerla, pero corresponde al Estado convertir ese espacio jurídico en una realidad política duradera. La soberanía que solamente se proclama pertenece al discurso; la soberanía que se planifica, se administra y se proyecta se convierte en poder.

agrega norma APA y bibliografia, bien citado

Sí. Para que tenga el carácter de ensayo de sociología política y ciencia política, no basta con agregar una bibliografía al final: conviene que los conceptos estén efectivamente respaldados dentro del texto mediante citas APA 7 (autor, año). Además, mantendría las fuentes jurídicas como fuentes primarias y no llenaría el artículo de referencias innecesarias.

Te lo dejaría así:

El Estrecho y el poder: Magallanes ante el regreso de la geopolítica

Territorio, soberanía y capacidad estatal en el extremo austral de Chile

Durante varias décadas, la política sudamericana pareció avanzar bajo el supuesto de que las antiguas disputas territoriales habían quedado definitivamente subordinadas a la integración económica, la cooperación regional y la consolidación de mecanismos institucionales para resolver controversias. En ese contexto, las fronteras comenzaron a ser vistas menos como espacios de confrontación y más como lugares de intercambio. Sin embargo, esa transformación no eliminó la dimensión política del territorio. La geografía nunca dejó de constituir una variable del poder; simplemente quedó contenida por tratados, instituciones y equilibrios diplomáticos que disminuyeron su visibilidad. Desde una perspectiva territorial, el control y la organización del espacio continúan constituyendo mecanismos fundamentales mediante los cuales las sociedades y los Estados organizan relaciones de poder (Sack, 1986).

La reciente controversia surgida a propósito del Estrecho de Magallanes resulta interesante precisamente por aquello. Más que revelar la existencia de una nueva disputa territorial, permite observar cómo un espacio jurídicamente estabilizado puede recuperar súbitamente centralidad cuando vuelve a ser incorporado al discurso político de los Estados. El Tratado de Paz y Amistad suscrito entre Chile y Argentina en 1984 reafirmó el Tratado de Límites de 1881 como fundamento de la relación territorial entre ambos países y estableció mecanismos destinados a resolver pacíficamente sus controversias. Además, su Anexo II regula específicamente materias de navegación vinculadas al espacio austral (República Argentina & República de Chile, 1984).

El episodio debe analizarse, por tanto, con cierta distancia respecto de las reacciones nacionalistas que suelen acompañar cualquier controversia fronteriza. La situación jurídica de un territorio no depende de las declaraciones circunstanciales de una autoridad política, pero las declaraciones sí pueden modificar su significación política y simbólica. Precisamente porque la cuestión jurídica se encuentra institucionalizada, el interés sociológico aparece en otro lugar: en la relación entre territorio, soberanía, discurso político y capacidad estatal. La pregunta relevante deja entonces de ser solamente qué establecen los tratados y pasa a ser qué significa, materialmente, que un Estado ejerza soberanía sobre un territorio.

El territorio como dimensión del Estado

La ciencia política moderna difícilmente puede comprender al Estado sin considerar su dimensión territorial. En la tradición weberiana, el Estado moderno se encuentra asociado a una comunidad política cuya autoridad se ejerce sobre un territorio determinado. Sin embargo, el territorio no constituye simplemente el escenario físico sobre el cual actúan las instituciones. Es también una construcción política: un espacio delimitado, administrado, conectado y representado simbólicamente como parte de una comunidad nacional. La territorialidad puede comprenderse, en este sentido, como una estrategia mediante la cual actores e instituciones intentan influir o controlar personas, fenómenos y relaciones a través del control de un área geográfica determinada (Sack, 1986).

Esta perspectiva permite distinguir entre soberanía jurídica y soberanía efectiva. La primera deriva del derecho, de los tratados y del reconocimiento internacional; la segunda depende de las capacidades institucionales mediante las cuales el Estado hace efectiva su presencia. Michael Mann (1984) denominó poder infraestructural a la capacidad del Estado para penetrar territorialmente la sociedad e implementar decisiones a través de sus estructuras administrativas. Su planteamiento resulta particularmente pertinente para pensar las regiones extremas: la fortaleza estatal no se expresa únicamente en la autoridad formal, sino también en la posibilidad concreta de hacer llegar instituciones, servicios, comunicaciones y capacidades públicas al conjunto del territorio.

Desde esa perspectiva, carreteras, puertos, conectividad digital, servicios públicos, investigación científica, capacidades marítimas, infraestructura logística y población permanente dejan de ser únicamente variables de desarrollo regional. Son también manifestaciones de presencia estatal. El verdadero desafío chileno respecto de Magallanes no consiste, por tanto, solamente en responder frente a una declaración proveniente del extranjero, sino en determinar hasta qué punto el país ha transformado su excepcional posición geográfica austral en una verdadera política de Estado.

Del territorio periférico al territorio estratégico

El problema adquiere especial relevancia en un país históricamente centralizado como Chile. Las regiones extremas suelen ser interpretadas desde su distancia respecto del centro político y administrativo, lo que contribuye a reproducir una lógica de centro y periferia. Sin embargo, esa lectura cambia radicalmente cuando el territorio es observado desde la geopolítica. Lo que desde Santiago parece periferia puede constituir, desde el sistema internacional, un nodo estratégico.

Punta Arenas, Puerto Williams, el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, el paso Drake y la proximidad con la Antártica forman parte de un sistema territorial cuya significación excede ampliamente la dimensión regional. El desafío consiste entonces en invertir conceptualmente el mapa: dejar de pensar el extremo austral exclusivamente desde su distancia respecto de Santiago y comenzar a comprenderlo también desde su proximidad a espacios marítimos y polares de creciente interés internacional.

Esta transformación de la perspectiva territorial tiene consecuencias para la propia comprensión del Estado. Una de las contribuciones centrales del institucionalismo histórico fue precisamente recuperar al Estado como actor dotado de estructuras, intereses y capacidades propias, evitando reducirlo a un mero reflejo de fuerzas económicas o sociales (Evans et al., 1985; Skocpol, 1985). En el caso chileno, aquello significa preguntarse no solamente qué representa Magallanes para la identidad nacional, sino qué capacidades institucionales posee el Estado para proyectarse desde ese territorio.

Cuando la geografía vuelve a producir poder

Una de las paradojas de la globalización fue haber instalado durante algún tiempo la percepción de que las distancias y las fronteras estaban perdiendo relevancia. La expansión del comercio internacional, las cadenas globales de producción y las tecnologías de comunicación parecían anunciar un mundo progresivamente desterritorializado. Sin embargo, las crisis contemporáneas han vuelto a mostrar la importancia de la localización geográfica. Las cadenas logísticas poseen puntos vulnerables, los recursos naturales continúan territorialmente situados y los Estados mantienen responsabilidades fundamentales sobre puertos, mares, infraestructura y corredores estratégicos.

Los estrechos marítimos constituyen uno de los ejemplos más claros de esta persistencia de la geografía. Gibraltar, Ormuz, Malaca, Bab el-Mandeb, el Bósforo, Suez o Panamá poseen características jurídicas y estratégicas diferentes, pero comparten una propiedad fundamental: concentran circulación en espacios relativamente reducidos. Son lugares donde territorio y movilidad se encuentran, haciendo particularmente visible que el espacio continúa siendo una variable del poder.

El Estrecho de Magallanes debe comprenderse dentro de esa lógica, aunque evitando exageraciones. El Canal de Panamá modificó profundamente su importancia para las comunicaciones marítimas internacionales desde comienzos del siglo XX y sería aventurado afirmar que el Estrecho recuperará necesariamente la centralidad que tuvo antes de 1914. El análisis estratégico serio no consiste en construir escenarios espectaculares, sino en observar tendencias capaces de modificar gradualmente el valor relativo de determinados territorios.

El cambio climático también transforma la política del espacio

Uno de los fenómenos que obliga a recuperar esta mirada territorial es el cambio climático. Sus efectos no modifican solamente ecosistemas, sino también las condiciones materiales bajo las cuales los Estados ejercen autoridad y desarrollan actividades económicas y científicas. La transformación de las condiciones de navegación en regiones polares, especialmente visible en el Ártico, ha generado nuevas discusiones internacionales sobre rutas marítimas, recursos, infraestructura y presencia estatal. La Antártica posee un régimen jurídico y político diferente y, por ello, sería incorrecto trasladar mecánicamente la experiencia ártica al continente austral. No obstante, ambos procesos permiten advertir que las condiciones geográficas sobre las cuales se construyen determinados equilibrios internacionales pueden cambiar.

Para Chile, aquello obliga a pensar en escalas temporales superiores al período presidencial. El país posee una posición singular respecto del sistema austral compuesto por el Estrecho de Magallanes, los canales fueguinos, el Cabo de Hornos, el paso Drake y la Antártica. Pero esa posición no garantiza por sí misma influencia política. Como sugiere la literatura sobre territorialidad y capacidad estatal, la geografía constituye una condición sobre la cual puede ejercerse poder, pero convertirla en capacidad política requiere instituciones (Mann, 1984; Sack, 1986).

De allí que una política austral moderna deba integrar dimensiones que frecuentemente aparecen fragmentadas administrativamente: infraestructura portuaria, ciencia antártica, desarrollo regional, capacidades marítimas, protección ambiental, telecomunicaciones, logística y relaciones internacionales. La soberanía contemporánea se vuelve así menos declamativa y considerablemente más compleja desde el punto de vista institucional.

Soberanía efectiva y capacidad estatal

Aquí aparece una cuestión fundamental de la sociología política: la diferencia entre poseer formalmente autoridad y disponer de las capacidades necesarias para ejercerla. Los Estados pueden poseer reconocimiento jurídico sobre un territorio, pero su presencia efectiva depende de instituciones capaces de transformar aquella soberanía en administración cotidiana. La tradición que buscó “traer nuevamente al Estado” al centro del análisis político insistió precisamente en estudiar a los Estados como organizaciones con capacidades institucionales diferenciadas para implementar decisiones y perseguir determinados objetivos (Evans et al., 1985).

La distinción de Mann (1984) entre poder despótico y poder infraestructural permite profundizar esta cuestión. El primero se refiere a la capacidad de las élites estatales para adoptar decisiones sin negociación rutinaria con actores sociales; el segundo, mucho más interesante para el problema territorial, se refiere a la capacidad institucional del Estado para ejecutar efectivamente decisiones a través de la sociedad y del territorio. Desde esta perspectiva, la soberanía sobre Magallanes no debería medirse solamente por la capacidad de Chile para afirmar jurídicamente sus derechos, sino también por su capacidad para desplegar infraestructura, ciencia, administración, conectividad y presencia permanente.

Por ello, la pregunta sobre Magallanes debería trasladarse desde el terreno de la indignación hacia el terreno de las políticas públicas. ¿Cuál será el papel de Punta Arenas dentro de la estrategia antártica chilena durante las próximas décadas? ¿Qué infraestructura marítima necesita el país? ¿Qué capacidades científicas deberían instalarse permanentemente en la región? ¿Cómo fortalecer Puerto Williams como presencia estatal y plataforma austral? ¿Qué política económica y territorial permite sostener comunidades en espacios extremos? ¿Cómo articular las capacidades del Gobierno central, el Gobierno Regional, las Fuerzas Armadas, las universidades y los organismos científicos dentro de una estrategia común?

Estas preguntas parecen menos emocionantes que una controversia diplomática, pero probablemente sean mucho más importantes para el ejercicio real de la soberanía.

Cooperar no significa renunciar a la soberanía

Existe además una falsa oposición que suele reaparecer cada vez que surge alguna controversia entre Chile y Argentina: aquella que obliga a elegir entre cooperación bilateral y defensa de los intereses nacionales. La historia reciente demuestra precisamente lo contrario. Después de la grave crisis bilateral de 1978, ambos países fueron capaces de construir una arquitectura institucional destinada a resolver pacíficamente sus controversias. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 estableció expresamente el compromiso de solucionar las diferencias por medios pacíficos y creó mecanismos permanentes de conciliación y arbitraje (República Argentina & República de Chile, 1984).

La evolución posterior profundizó esa institucionalización. El Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, firmado en 2009, reconoció expresamente al Tratado de Paz y Amistad de 1984 como el “marco referencial y permanente” de la relación bilateral, mostrando cómo la estabilización de las cuestiones territoriales permitió avanzar hacia formas más complejas de cooperación e integración (República Argentina & República de Chile, 2009).

La experiencia entrega una enseñanza relevante para la teoría política de las fronteras: la integración no requiere la desaparición de las soberanías. Una frontera jurídicamente institucionalizada puede transformarse precisamente en un espacio de cooperación porque reduce incertidumbres, establece reglas y genera procedimientos para administrar desacuerdos. Chile no necesita escoger entre mantener una relación estratégica con Argentina y afirmar con claridad sus intereses en el extremo austral. La prudencia diplomática no equivale a debilidad, del mismo modo que la firmeza no necesita convertirse en nacionalismo.

Magallanes y la sociología de las periferias

La controversia permite finalmente introducir una reflexión que excede las relaciones internacionales y entra directamente en la sociología política del territorio. Los Estados construyen centros y periferias no solamente mediante la distancia geográfica, sino también mediante la distribución territorial de instituciones, recursos y capacidad de decisión. Una región se vuelve políticamente periférica cuando las decisiones fundamentales que afectan su desarrollo son adoptadas sistemáticamente desde otro lugar y cuando su valor se define principalmente en función de las necesidades del centro.

Transformar Magallanes en un verdadero espacio estratégico exige, por ello, modificar también la manera en que el Estado chileno piensa su propio territorio. Algunas políticas tradicionalmente consideradas regionales poseen en realidad consecuencias nacionales e internacionales. Mejorar infraestructura portuaria en Punta Arenas no constituye únicamente una inversión regional si fortalece la posición logística chilena frente a la Antártica; desarrollar capacidades científicas en el extremo austral no constituye solamente política académica si incrementa la presencia chilena en las redes internacionales de investigación; fortalecer Puerto Williams no es simplemente descentralización administrativa cuando su ubicación posee una evidente significación estratégica.

La frontera entre política regional, política científica y política exterior comienza entonces a hacerse más tenue. Es precisamente allí donde el concepto de poder infraestructural adquiere nuevamente sentido: la capacidad de un Estado para proyectarse internacionalmente puede depender, paradójicamente, de su capacidad para estar materialmente presente dentro de sus propias fronteras (Mann, 1984).

El verdadero baño de realidad

La controversia sobre el Estrecho de Magallanes puede desaparecer rápidamente de la agenda pública, como ocurre con buena parte de las disputas diplomáticas. Pero sería un error que desapareciera con ella la pregunta que ha dejado planteada. El verdadero baño de realidad no consiste en descubrir súbitamente que Chile posee soberanía sobre un espacio cuya situación jurídica está establecida desde hace décadas. Consiste en recordar que el territorio continúa siendo una dimensión fundamental del poder político, incluso en sociedades acostumbradas a pensar la política principalmente desde las elecciones, las instituciones centrales y la economía.

La sociología política permite comprender que el territorio no constituye solamente una extensión física delimitada por fronteras. Es un espacio organizado mediante relaciones de autoridad y capacidades institucionales (Sack, 1986). La ciencia política agrega una segunda dimensión: no todos los Estados poseen la misma capacidad para transformar autoridad jurídica en presencia efectiva, y precisamente esa diferencia constituye uno de los elementos fundamentales para comprender el poder estatal (Evans et al., 1985; Mann, 1984).

El siglo XXI está demostrando que océanos, corredores logísticos, infraestructura crítica y regiones polares pueden recuperar centralidad estratégica. Para un país con la configuración geográfica de Chile, aquello debería conducir menos a una retórica nacionalista que a una reflexión seria sobre capacidad estatal. La geografía ofrece posibilidades, pero no garantiza poder. Entre una posición geográfica privilegiada y una verdadera posición estratégica existe una diferencia fundamental: la presencia de un Estado capaz de comprenderla, administrarla y proyectarla.

Tal vez esa sea la principal enseñanza política que deja Magallanes. La soberanía no se demuestra únicamente cuando otro Estado obliga a recordarla. Se demuestra diariamente mediante instituciones, infraestructura, conocimiento, población, diplomacia y presencia territorial. Los tratados pueden establecer una frontera y el derecho internacional puede reconocerla, pero corresponde al Estado convertir ese espacio jurídico en una realidad política duradera. La soberanía que solamente se proclama pertenece al discurso; la soberanía que se planifica, se administra y se proyecta se convierte en poder.

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Referencias

Evans, P. B., Rueschemeyer, D., & Skocpol, T. (Eds.). (1985). Bringing the state back in. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628283

Mann, M. (1984). The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results. European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie, 25(2), 185–213. https://doi.org/10.1017/S0003975600004239

República Argentina, & República de Chile. (1984). Tratado de Paz y Amistad entre la República Argentina y la República de Chile. Ciudad del Vaticano, 29 de noviembre de 1984.

República Argentina, & República de Chile. (2009). Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile.

Sack, R. D. (1986). Human territoriality: Its theory and history. Cambridge University Press.

Skocpol, T. (1985). Bringing the state back in: Strategies of analysis in current research. En P. B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), Bringing the state back in (pp. 3–37). Cambridge University Press.

¿Dónde se aprende hoy el oficio político?

 

Durante mucho tiempo la política tuvo sus propios lugares de aprendizaje. El partido, la universidad, el sindicato, la organización territorial, el centro de estudiantes, el municipio o la campaña electoral eran espacios donde no solo se adquirían ideas, sino también una forma particular de relacionarse con el poder. Allí se aprendía a negociar, perder, esperar, construir mayorías y convivir con personas con las que se discrepaba profundamente.

Desde una perspectiva sociológica, aquellos espacios cumplían una función que iba bastante más allá de la política partidaria: eran instituciones de socialización política. En ellos se transmitían códigos, lenguajes, jerarquías, lealtades y formas de comprender el conflicto. Como ocurre con una profesión o un oficio, pertenecer a una comunidad política significaba aprender progresivamente sus reglas, muchas de ellas nunca escritas.

De esos espacios surgía un personaje reconocible en prácticamente todas las tradiciones políticas: el dirigente de oficio. A veces se le llamaba operador; otras, articulador. Y cuando tenía especial capacidad para resistir conflictos, abrir caminos y asumir costos, aparecía una expresión mucho más gráfica: era un verdadero Panzer.

El término puede resultar exagerado, pero describe bastante bien una especie política que parece menos frecuente. El Panzer no era necesariamente quien pronunciaba los mejores discursos ni quien encabezaba las encuestas. Su capital era otro: conocía la política por dentro. Sabía interpretar silencios, medir fuerzas, distinguir una amenaza de un bluff, reconocer cuándo había espacio para negociar y cuándo era necesario sostener una posición.

Tenía algo difícil de enseñar en una sala de clases: oficio.

Pierre Bourdieu probablemente habría reconocido allí una forma particular de capital político: recursos que no provienen exclusivamente del cargo o de la popularidad, sino de redes, reconocimiento, experiencia y conocimiento práctico del campo en el cual se actúa. Saber quién puede conversar con quién, quién representa realmente a un grupo, qué acuerdos son posibles y hasta dónde puede tensionarse una relación constituye también una forma de poder.

Ese oficio tampoco equivalía simplemente a acumular años en política. Implicaba comprender que gobernar una organización humana significa administrar intereses contradictorios. Que un acuerdo raramente satisface completamente a todos. Que una derrota parcial puede permitir una victoria posterior. Y que, en ocasiones, ejercer liderazgo significa asumir costos que ninguna estrategia comunicacional puede eliminar.

La pregunta interesante es qué ocurrió con ese aprendizaje.

La política contemporánea se profesionalizó enormemente. Hoy existen encuestas casi permanentes, análisis de datos, segmentación electoral, asesores comunicacionales, especialistas digitales y sofisticadas herramientas para conocer la reacción de la opinión pública. Nunca había existido tanta información disponible para tomar decisiones políticas.

Sin embargo, disponer de más información no significa necesariamente comprender mejor la política.

Aquí aparece una paradoja sociológica interesante: mientras aumentó la profesionalización técnica de la política, se debilitaron algunos de sus espacios tradicionales de socialización. Los partidos poseen menor densidad social, las organizaciones intermedias han perdido influencia y una parte considerable de la conversación pública abandonó los espacios presenciales para instalarse en plataformas digitales.

No desapareció la socialización política. Cambió el lugar donde ocurre.

Y cuando cambia el lugar donde aprendemos política, también cambia el tipo de político que producimos.

Las redes sociales introdujeron, además, una transformación profunda. La acción política comenzó a desarrollarse frente a una audiencia permanente. Una frase desafortunada puede circular durante años; una negociación puede interpretarse como renuncia; cambiar de opinión puede presentarse como debilidad y conversar con un adversario puede provocar sospechas entre los propios.

El dirigente ya no necesita solamente preguntarse si una decisión es correcta, posible o conveniente. También debe preguntarse cómo será recibida dentro de cinco minutos.

La sociología de Erving Goffman ofrece una imagen particularmente útil para comprender este fenómeno. Buena parte de nuestra vida social ocurre mediante representaciones: mostramos determinadas versiones de nosotros mismos frente a distintas audiencias. La política siempre tuvo algo de escenario, pero las plataformas digitales parecen haber reducido considerablemente el espacio del “detrás de escena”, aquel lugar donde era posible negociar, dudar, rectificar o explorar acuerdos antes de presentarlos públicamente.

Hoy prácticamente todo puede transformarse en escenario.

Así aparece una política crecientemente preocupada de administrar reputaciones.

Y cuando proteger la reputación se vuelve demasiado importante, asumir costos se vuelve extraordinariamente difícil.

Tal vez por eso proliferan otras figuras. El comentarista que describe perfectamente el problema, pero nunca ha debido resolverlo. El especialista comunicacional que sabe cómo presentar una decisión, pero no necesariamente cómo construirla. El dirigente cuya principal habilidad consiste en interpretar el ánimo de su propia audiencia. O el francotirador político que obtiene notoriedad mediante intervenciones efectistas sin cargar posteriormente con las consecuencias de aquello que propone.

Todas estas figuras pueden cumplir funciones legítimas. El problema comienza cuando sustituyen completamente al oficio.

Porque la democracia necesita algo más incómodo que comunicar bien. Necesita administrar conflictos.

Y allí aparece una cuestión clásica de la sociología política. Una sociedad no constituye una comunidad naturalmente armónica. Está atravesada por intereses, clases, generaciones, territorios, identidades y grupos que compiten por recursos materiales y simbólicos. El conflicto, por tanto, no representa necesariamente una anomalía de la democracia: forma parte de ella.

La función de la política consiste precisamente en institucionalizar ese conflicto, evitando que cada diferencia termine convirtiéndose en una ruptura.

Empresarios y trabajadores tendrán intereses distintos. Las generaciones competirán por prioridades diferentes. Los territorios exigirán recursos. Los ciudadanos pedirán simultáneamente mejores servicios, menores impuestos, mayor seguridad, más derechos y menos burocracia. Gobernar consiste precisamente en transformar esas contradicciones en decisiones políticamente sostenibles.

Para eso se necesitan arquitectos capaces de imaginar acuerdos, puentes que mantengan conversaciones entre sectores enfrentados, bomberos que controlen las crisis y articuladores capaces de reunir voluntades dispersas.

Pero también, de vez en cuando, se necesitan Panzer.

Personas capaces de entrar en terrenos difíciles, soportar presión, decir que no cuando corresponde y asumir que determinadas decisiones producirán costos. No porque la dureza sea una virtud política en sí misma, sino porque existen momentos en que gobernar exige avanzar aun cuando no exista unanimidad.

El problema es que ese tipo de dirigente no aparece espontáneamente.

Se forma socialmente.

Y quizás allí se encuentre una de las transformaciones menos observadas de nuestra democracia. Si desaparecen o se debilitan los lugares donde distintas generaciones políticas convivían, discutían y aprendían unas de otras, también se interrumpe la transmisión de un conocimiento que difícilmente puede encontrarse en un manual.

Desde la sociología podríamos hablar incluso de una pérdida de memoria institucional. Las organizaciones no solamente almacenan documentos y reglamentos; también conservan prácticas, experiencias y aprendizajes acumulados. Cuando esas cadenas de transmisión se rompen, cada nueva generación debe comenzar parcialmente desde cero.

Podemos entonces estar produciendo excelentes comunicadores políticos y, al mismo tiempo, menos dirigentes políticos.

La diferencia no es menor.

El comunicador necesita comprender a una audiencia. El dirigente necesita comprender una sociedad. El primero busca transmitir eficazmente un mensaje; el segundo debe construir decisiones entre personas que muchas veces desean cosas incompatibles.

Por eso la cuestión de fondo no consiste en añorar personajes del pasado. Cada época produce sus propias formas de liderazgo y tampoco todo antiguo operador político merece convertirse en ejemplo. La política de otros tiempos tuvo también sus vicios, círculos cerrados, prácticas opacas y negociaciones difíciles de defender bajo los estándares actuales.

Tampoco se trata de sostener que las redes sociales destruyeron la política. Han democratizado la expresión pública, debilitado monopolios informativos y permitido que grupos antes periféricos intervengan directamente en la conversación colectiva.

La transformación es más compleja.

Estamos pasando de una política formada principalmente en organizaciones hacia otra crecientemente formada frente a audiencias.

Y una organización y una audiencia enseñan cosas diferentes.

La organización obliga a convivir. Exige negociar, esperar turnos, aceptar derrotas internas, cumplir acuerdos y volver a encontrarse al día siguiente con quien ayer fue adversario.

La audiencia, en cambio, premia otras capacidades: visibilidad, diferenciación, rapidez, identidad y capacidad de provocar adhesión.

Ninguna es necesariamente superior a la otra. Pero producen tipos distintos de liderazgo.

Por eso la pregunta verdaderamente contemporánea es:

¿Dónde se aprende hoy el oficio político?

 

Si la respuesta termina siendo únicamente en las redes sociales, las encuestas, los estudios de televisión o los equipos de comunicación, podemos terminar formando dirigentes extraordinariamente preparados para interpretar el clima político del día, pero insuficientemente preparados para modificarlo.

Y una democracia no puede limitarse a seguir permanentemente el estado de ánimo de la sociedad.

A veces debe conducirlo.

La sociología política nos recuerda precisamente eso: las instituciones no solo organizan el poder; también producen comportamientos, identidades y tipos de dirigentes. Si cambiamos radicalmente las instituciones donde se aprende política, inevitablemente cambiará también la clase de liderazgo que emerge de ellas.

Quizás por eso preguntarse por la desaparición de los Panzer no sea realmente una pregunta sobre determinados personajes políticos.

Es una pregunta sobre algo bastante más profundo: qué clase de dirigente está produciendo nuestra sociedad y qué instituciones tenemos para formarlo.

Porque una democracia puede sobrevivir durante bastante tiempo sin grandes estrategas. Lo que difícilmente puede hacer es gobernarse sin personas capaces de hacerse cargo del conflicto.

La política no necesita solamente rostros capaces de ganar elecciones. Necesita dirigentes capaces de gobernar después de ganarlas.