Durante varias décadas, la política sudamericana pareció avanzar bajo el supuesto de que las antiguas disputas territoriales habían quedado definitivamente subordinadas a la integración económica, la cooperación regional y la consolidación de mecanismos institucionales para resolver controversias. En ese contexto, las fronteras comenzaron a ser vistas menos como espacios de confrontación y más como lugares de intercambio. Sin embargo, esa transformación no eliminó la dimensión política del territorio. La geografía nunca dejó de constituir una variable del poder; simplemente quedó contenida por tratados, instituciones y equilibrios diplomáticos que disminuyeron su visibilidad. La reciente controversia surgida a propósito del Estrecho de Magallanes resulta interesante precisamente por eso: más que revelar una disputa territorial efectiva, permite observar cómo un espacio jurídicamente estabilizado puede recuperar súbitamente centralidad cuando vuelve a ser incorporado al discurso político de los Estados.
El episodio debe analizarse, por tanto, con cierta distancia respecto de las reacciones nacionalistas que suelen acompañar cualquier controversia fronteriza. Desde el punto de vista jurídico, Chile y Argentina poseen un marco bilateral construido durante más de un siglo y particularmente consolidado mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El régimen del Estrecho de Magallanes, su libre navegación y las respectivas soberanías territoriales no dependen de declaraciones circunstanciales de una autoridad política. Pero precisamente porque la cuestión jurídica se encuentra institucionalizada, el interés sociológico y politológico del episodio aparece en otro lugar: en la relación entre territorio, soberanía, discurso político y capacidad estatal. La pregunta relevante no consiste solamente en determinar qué dicen los tratados, sino en comprender por qué territorios aparentemente alejados de la discusión cotidiana pueden volver a adquirir importancia política y qué significa para un Estado ejercer soberanía efectiva sobre ellos.
El territorio como dimensión del Estado
La ciencia política moderna difícilmente puede comprender al Estado sin considerar su dimensión territorial. Desde la clásica formulación de Max Weber, el Estado moderno se encuentra asociado a una comunidad política capaz de reclamar exitosamente el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado. Pero el territorio no constituye simplemente el escenario físico donde actúan las instituciones. Es también una construcción política: un espacio delimitado, administrado, conectado y representado simbólicamente como parte de una comunidad nacional. En otras palabras, una frontera puede encontrarse perfectamente definida en un tratado y, aun así, necesitar de una permanente reproducción institucional para adquirir existencia política concreta.
Esta distinción permite separar dos dimensiones que frecuentemente se confunden: la soberanía jurídica y la soberanía efectiva. La primera deriva del derecho, de los tratados y del reconocimiento internacional; la segunda se expresa mediante la capacidad material del Estado para ejercer sus funciones sobre el territorio. Carreteras, puertos, conectividad digital, presencia de servicios públicos, investigación científica, capacidades marítimas, infraestructura logística y población permanente son también manifestaciones de soberanía. Desde esta perspectiva, el verdadero desafío chileno respecto de Magallanes no consiste únicamente en reaccionar frente a una declaración proveniente del extranjero, sino en preguntarse hasta qué punto el país ha transformado su excepcional posición geográfica austral en una verdadera política de Estado.
El problema adquiere especial relevancia en un país históricamente centralizado como Chile. La organización política y administrativa chilena ha tendido a interpretar el territorio desde Santiago, convirtiendo muchas veces a las regiones extremas en periferias cuya principal relación con el Estado se establece mediante políticas de conectividad, subsidios o compensaciones por aislamiento. Esta mirada resulta insuficiente cuando se observa Magallanes desde una perspectiva estratégica. Lo que desde el centro aparece como periferia puede convertirse, desde la geopolítica, en un nodo. Punta Arenas, Puerto Williams, el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos y la proximidad con la Antártica forman un sistema territorial cuya relevancia excede ampliamente la dimensión regional. El desafío consiste, entonces, en invertir conceptualmente el mapa: dejar de pensar el extremo austral exclusivamente desde su distancia respecto de Santiago y comenzar a comprenderlo desde su proximidad a espacios que pueden adquirir creciente importancia internacional.
Cuando la geografía vuelve a producir poder
Una de las paradojas de la globalización fue haber instalado durante algún tiempo la percepción de que las distancias y las fronteras estaban perdiendo relevancia. La expansión del comercio internacional, las cadenas globales de producción y las tecnologías de comunicación parecían anunciar un mundo progresivamente desterritorializado. Sin embargo, las crisis de las últimas décadas han mostrado algo diferente. Las cadenas logísticas poseen puntos vulnerables; los recursos naturales continúan localizados territorialmente; los Estados siguen controlando puertos, mares y corredores; y determinados accidentes geográficos mantienen una capacidad extraordinaria para condicionar el funcionamiento del sistema internacional.
Los estrechos marítimos constituyen probablemente uno de los ejemplos más evidentes. Gibraltar, Ormuz, Malaca, Bab el-Mandeb, el Bósforo o los canales de Suez y Panamá poseen una importancia política desproporcionada respecto de su extensión territorial. Son espacios donde la geografía concentra circulación y, precisamente por ello, adquiere valor estratégico. No todos tienen el mismo régimen jurídico ni desempeñan funciones equivalentes, por supuesto, pero comparten una característica fundamental: demuestran que la infraestructura global de circulación continúa dependiendo de lugares físicos específicos. La globalización, lejos de abolir la geografía, hizo más evidente la importancia de determinados puntos de conexión.
El Estrecho de Magallanes debe comprenderse dentro de esta lógica, aunque evitando exageraciones. El Canal de Panamá modificó profundamente su importancia para el comercio mundial desde comienzos del siglo XX, y no existe fundamento para imaginar que el Estrecho vaya a reemplazar repentinamente las grandes rutas marítimas actuales. Pero el análisis estratégico no consiste en pronosticar escenarios espectaculares, sino en identificar tendencias capaces de modificar gradualmente el valor relativo de determinados territorios. El crecimiento del comercio transpacífico, la vulnerabilidad de las cadenas logísticas, las transformaciones climáticas, el desarrollo de nuevas tecnologías marítimas y el renovado interés internacional por las regiones polares justifican que Chile vuelva a observar su territorio austral desde una perspectiva de largo plazo.
El cambio climático también modifica la política del espacio
Uno de los elementos más interesantes para las ciencias sociales es que el cambio climático no transforma solamente ecosistemas: también puede alterar la significación política de los territorios. El retroceso de hielos y las modificaciones en las condiciones de navegación del Ártico han generado nuevas discusiones sobre rutas marítimas, recursos naturales, infraestructura y presencia estratégica de los Estados. La Antártica posee un régimen internacional completamente diferente y sería conceptualmente incorrecto trasladar mecánicamente la experiencia ártica al continente austral. Sin embargo, ambos fenómenos permiten comprender una cuestión más amplia: las condiciones físicas sobre las cuales se construyó determinado orden geopolítico no son necesariamente permanentes.
Para Chile, aquello obliga a pensar en escalas temporales superiores al período presidencial. El país posee una posición singular respecto del sistema austral compuesto por el Estrecho de Magallanes, los canales fueguinos, el Cabo de Hornos, el paso Drake y la puerta de entrada hacia la Antártica. Esa posición no garantiza por sí misma influencia política. La geografía constituye una posibilidad; convertirla en poder depende de capacidades estatales. De allí que una política austral moderna deba integrar dimensiones que habitualmente aparecen fragmentadas entre distintos organismos: infraestructura portuaria, ciencia antártica, desarrollo regional, capacidades navales, protección ambiental, telecomunicaciones, logística, relaciones internacionales y cooperación científica. La soberanía contemporánea se vuelve, en este sentido, menos declamativa y mucho más compleja administrativamente.
Soberanía efectiva y capacidad estatal
Aquí aparece una cuestión clásica de la sociología política: la diferencia entre poseer formalmente autoridad y disponer de las capacidades necesarias para ejercerla. Los Estados pueden proclamar soberanía sobre un territorio, pero su presencia concreta depende de instituciones capaces de convertir esa soberanía en administración cotidiana. Esta perspectiva permite abandonar una concepción puramente simbólica de la cuestión territorial. Defender un territorio no significa solamente desplegar símbolos nacionales ni responder diplomáticamente cuando otro actor formula una declaración incómoda. Significa desarrollar las capacidades públicas necesarias para conocerlo, conectarlo, administrarlo y proyectarlo.
Por ello, la pregunta sobre Magallanes debería trasladarse desde el terreno de la indignación hacia el terreno de las políticas públicas. ¿Cuál será el papel de Punta Arenas dentro de la estrategia antártica chilena durante las próximas décadas? ¿Qué infraestructura marítima necesita el país? ¿Qué capacidades científicas deberían instalarse permanentemente en la región? ¿Cómo se fortalece Puerto Williams como presencia estatal y plataforma austral? ¿Qué política demográfica y económica permite sostener comunidades en territorios extremos? ¿Cómo se articulan Armada, universidades, gobiernos regionales, servicios públicos y política exterior dentro de una estrategia común? Estas preguntas parecen menos emocionantes que una controversia diplomática, pero son infinitamente más importantes para el ejercicio real de la soberanía.
En este punto resulta útil recuperar el concepto de capacidad estatal, ampliamente utilizado por la ciencia política contemporánea. Un Estado no es fuerte simplemente porque dispone de leyes o porque sus autoridades poseen atribuciones formales. Su fortaleza depende también de su capacidad para implementar decisiones, obtener información, coordinar instituciones y mantener presencia territorial. Aplicado a Magallanes, ello significa que la soberanía debe medirse igualmente en términos de conocimiento científico, infraestructura, logística y administración. Un puerto moderno puede constituir una herramienta de soberanía tanto como una declaración diplomática; una base científica permanente puede tener tanta relevancia estratégica como un discurso; y una comunidad austral conectada con el resto del país representa una forma particularmente concreta de integración territorial.
Cooperar no significa renunciar
Existe, además, una falsa oposición que suele aparecer cada vez que surgen controversias entre Chile y Argentina: aquella que obliga a elegir entre cooperación y defensa de los intereses nacionales. La historia reciente demuestra justamente lo contrario. Ambos países estuvieron peligrosamente cerca de un enfrentamiento militar en 1978 y posteriormente construyeron una arquitectura institucional capaz de transformar una relación marcada por la desconfianza en una extensa red de cooperación fronteriza, económica, militar y política. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 fue decisivo precisamente porque permitió que la claridad jurídica respecto de cuestiones territoriales conviviera con mecanismos permanentes de cooperación.
La experiencia contiene una enseñanza relevante para la teoría política de las fronteras. La integración no requiere necesariamente la desaparición de las soberanías; puede necesitar, por el contrario, que estas sean suficientemente claras para permitir relaciones estables entre los Estados. Una frontera institucionalizada puede convertirse en espacio de cooperación porque reduce incertidumbre, establece reglas y crea mecanismos para administrar desacuerdos. Chile no necesita escoger entre mantener una relación estratégica con Argentina y afirmar con claridad sus intereses en el extremo austral. Ambas dimensiones pueden coexistir perfectamente dentro de una política exterior madura. La prudencia diplomática no equivale a debilidad, del mismo modo que la firmeza no necesita convertirse en nacionalismo retórico.
Magallanes y la sociología de las periferias
La controversia permite finalmente introducir una reflexión que excede las relaciones internacionales y entra directamente en la sociología política del territorio. Los Estados tienden a construir centros y periferias no solamente mediante la distancia geográfica, sino también mediante la distribución de recursos, instituciones y capacidad de decisión. Una región se vuelve periférica cuando las decisiones fundamentales que afectan su desarrollo se adoptan sistemáticamente desde otro lugar y cuando su valor es definido principalmente en relación con las necesidades del centro. Desde esta perspectiva, transformar Magallanes en un verdadero espacio estratégico requiere también modificar la forma en que el Estado chileno piensa territorialmente.
Esto supone comprender que algunas políticas tradicionalmente consideradas regionales poseen, en realidad, consecuencias nacionales e internacionales. Mejorar la infraestructura portuaria en Punta Arenas no constituye únicamente una inversión regional si fortalece la posición logística de Chile frente a la Antártica. Desarrollar capacidades científicas en el extremo austral no constituye solamente política universitaria si incrementa la presencia chilena en redes internacionales de investigación. Fortalecer Puerto Williams no es simplemente descentralización administrativa cuando su ubicación posee un valor geopolítico evidente. La frontera entre política regional y política exterior comienza entonces a desdibujarse: determinadas decisiones territoriales internas se convierten simultáneamente en instrumentos de proyección internacional.
El verdadero baño de realidad
La controversia sobre el Estrecho de Magallanes puede desaparecer rápidamente de la agenda pública, como ocurre con buena parte de las disputas diplomáticas. Pero sería un error que desapareciera con ella la pregunta que ha dejado planteada. El verdadero baño de realidad no consiste en descubrir súbitamente que Chile posee soberanía sobre un espacio cuya situación jurídica se encuentra establecida desde hace décadas. Consiste en recordar que el territorio continúa siendo una dimensión fundamental del poder político, incluso en sociedades acostumbradas a pensar la política principalmente desde las instituciones, las elecciones y la economía.
El siglo XXI está demostrando que océanos, corredores logísticos, recursos naturales, energía, infraestructura crítica y regiones polares pueden recuperar rápidamente centralidad estratégica. Para un país con la configuración geográfica de Chile, aquello debería conducir menos a una retórica nacionalista que a una reflexión seria sobre su capacidad estatal. La geografía ofrece oportunidades, pero no garantiza poder. Entre una posición geográfica privilegiada y una verdadera posición estratégica existe una diferencia fundamental: la presencia de un Estado capaz de comprenderla y actuar sobre ella.
Tal vez esa sea la principal enseñanza política que deja Magallanes. La soberanía no se demuestra únicamente cuando otro Estado obliga a recordarla. Se demuestra diariamente mediante instituciones, infraestructura, conocimiento, población, diplomacia y presencia territorial. Los tratados pueden establecer una frontera y el derecho internacional puede reconocerla, pero corresponde al Estado convertir ese espacio jurídico en una realidad política duradera. La soberanía que solamente se proclama pertenece al discurso; la soberanía que se planifica, se administra y se proyecta se convierte en poder.
Sí. Para que tenga el carácter de ensayo de sociología política y ciencia política, no basta con agregar una bibliografía al final: conviene que los conceptos estén efectivamente respaldados dentro del texto mediante citas APA 7 (autor, año). Además, mantendría las fuentes jurídicas como fuentes primarias y no llenaría el artículo de referencias innecesarias.
Te lo dejaría así:
El Estrecho y el poder: Magallanes ante el regreso de la geopolítica
Territorio, soberanía y capacidad estatal en el extremo austral de Chile
Durante varias décadas, la política sudamericana pareció avanzar bajo el supuesto de que las antiguas disputas territoriales habían quedado definitivamente subordinadas a la integración económica, la cooperación regional y la consolidación de mecanismos institucionales para resolver controversias. En ese contexto, las fronteras comenzaron a ser vistas menos como espacios de confrontación y más como lugares de intercambio. Sin embargo, esa transformación no eliminó la dimensión política del territorio. La geografía nunca dejó de constituir una variable del poder; simplemente quedó contenida por tratados, instituciones y equilibrios diplomáticos que disminuyeron su visibilidad. Desde una perspectiva territorial, el control y la organización del espacio continúan constituyendo mecanismos fundamentales mediante los cuales las sociedades y los Estados organizan relaciones de poder (Sack, 1986).
La reciente controversia surgida a propósito del Estrecho de Magallanes resulta interesante precisamente por aquello. Más que revelar la existencia de una nueva disputa territorial, permite observar cómo un espacio jurídicamente estabilizado puede recuperar súbitamente centralidad cuando vuelve a ser incorporado al discurso político de los Estados. El Tratado de Paz y Amistad suscrito entre Chile y Argentina en 1984 reafirmó el Tratado de Límites de 1881 como fundamento de la relación territorial entre ambos países y estableció mecanismos destinados a resolver pacíficamente sus controversias. Además, su Anexo II regula específicamente materias de navegación vinculadas al espacio austral (República Argentina & República de Chile, 1984).
El episodio debe analizarse, por tanto, con cierta distancia respecto de las reacciones nacionalistas que suelen acompañar cualquier controversia fronteriza. La situación jurídica de un territorio no depende de las declaraciones circunstanciales de una autoridad política, pero las declaraciones sí pueden modificar su significación política y simbólica. Precisamente porque la cuestión jurídica se encuentra institucionalizada, el interés sociológico aparece en otro lugar: en la relación entre territorio, soberanía, discurso político y capacidad estatal. La pregunta relevante deja entonces de ser solamente qué establecen los tratados y pasa a ser qué significa, materialmente, que un Estado ejerza soberanía sobre un territorio.
El territorio como dimensión del Estado
La ciencia política moderna difícilmente puede comprender al Estado sin considerar su dimensión territorial. En la tradición weberiana, el Estado moderno se encuentra asociado a una comunidad política cuya autoridad se ejerce sobre un territorio determinado. Sin embargo, el territorio no constituye simplemente el escenario físico sobre el cual actúan las instituciones. Es también una construcción política: un espacio delimitado, administrado, conectado y representado simbólicamente como parte de una comunidad nacional. La territorialidad puede comprenderse, en este sentido, como una estrategia mediante la cual actores e instituciones intentan influir o controlar personas, fenómenos y relaciones a través del control de un área geográfica determinada (Sack, 1986).
Esta perspectiva permite distinguir entre soberanía jurídica y soberanía efectiva. La primera deriva del derecho, de los tratados y del reconocimiento internacional; la segunda depende de las capacidades institucionales mediante las cuales el Estado hace efectiva su presencia. Michael Mann (1984) denominó poder infraestructural a la capacidad del Estado para penetrar territorialmente la sociedad e implementar decisiones a través de sus estructuras administrativas. Su planteamiento resulta particularmente pertinente para pensar las regiones extremas: la fortaleza estatal no se expresa únicamente en la autoridad formal, sino también en la posibilidad concreta de hacer llegar instituciones, servicios, comunicaciones y capacidades públicas al conjunto del territorio.
Desde esa perspectiva, carreteras, puertos, conectividad digital, servicios públicos, investigación científica, capacidades marítimas, infraestructura logística y población permanente dejan de ser únicamente variables de desarrollo regional. Son también manifestaciones de presencia estatal. El verdadero desafío chileno respecto de Magallanes no consiste, por tanto, solamente en responder frente a una declaración proveniente del extranjero, sino en determinar hasta qué punto el país ha transformado su excepcional posición geográfica austral en una verdadera política de Estado.
Del territorio periférico al territorio estratégico
El problema adquiere especial relevancia en un país históricamente centralizado como Chile. Las regiones extremas suelen ser interpretadas desde su distancia respecto del centro político y administrativo, lo que contribuye a reproducir una lógica de centro y periferia. Sin embargo, esa lectura cambia radicalmente cuando el territorio es observado desde la geopolítica. Lo que desde Santiago parece periferia puede constituir, desde el sistema internacional, un nodo estratégico.
Punta Arenas, Puerto Williams, el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, el paso Drake y la proximidad con la Antártica forman parte de un sistema territorial cuya significación excede ampliamente la dimensión regional. El desafío consiste entonces en invertir conceptualmente el mapa: dejar de pensar el extremo austral exclusivamente desde su distancia respecto de Santiago y comenzar a comprenderlo también desde su proximidad a espacios marítimos y polares de creciente interés internacional.
Esta transformación de la perspectiva territorial tiene consecuencias para la propia comprensión del Estado. Una de las contribuciones centrales del institucionalismo histórico fue precisamente recuperar al Estado como actor dotado de estructuras, intereses y capacidades propias, evitando reducirlo a un mero reflejo de fuerzas económicas o sociales (Evans et al., 1985; Skocpol, 1985). En el caso chileno, aquello significa preguntarse no solamente qué representa Magallanes para la identidad nacional, sino qué capacidades institucionales posee el Estado para proyectarse desde ese territorio.
Cuando la geografía vuelve a producir poder
Una de las paradojas de la globalización fue haber instalado durante algún tiempo la percepción de que las distancias y las fronteras estaban perdiendo relevancia. La expansión del comercio internacional, las cadenas globales de producción y las tecnologías de comunicación parecían anunciar un mundo progresivamente desterritorializado. Sin embargo, las crisis contemporáneas han vuelto a mostrar la importancia de la localización geográfica. Las cadenas logísticas poseen puntos vulnerables, los recursos naturales continúan territorialmente situados y los Estados mantienen responsabilidades fundamentales sobre puertos, mares, infraestructura y corredores estratégicos.
Los estrechos marítimos constituyen uno de los ejemplos más claros de esta persistencia de la geografía. Gibraltar, Ormuz, Malaca, Bab el-Mandeb, el Bósforo, Suez o Panamá poseen características jurídicas y estratégicas diferentes, pero comparten una propiedad fundamental: concentran circulación en espacios relativamente reducidos. Son lugares donde territorio y movilidad se encuentran, haciendo particularmente visible que el espacio continúa siendo una variable del poder.
El Estrecho de Magallanes debe comprenderse dentro de esa lógica, aunque evitando exageraciones. El Canal de Panamá modificó profundamente su importancia para las comunicaciones marítimas internacionales desde comienzos del siglo XX y sería aventurado afirmar que el Estrecho recuperará necesariamente la centralidad que tuvo antes de 1914. El análisis estratégico serio no consiste en construir escenarios espectaculares, sino en observar tendencias capaces de modificar gradualmente el valor relativo de determinados territorios.
El cambio climático también transforma la política del espacio
Uno de los fenómenos que obliga a recuperar esta mirada territorial es el cambio climático. Sus efectos no modifican solamente ecosistemas, sino también las condiciones materiales bajo las cuales los Estados ejercen autoridad y desarrollan actividades económicas y científicas. La transformación de las condiciones de navegación en regiones polares, especialmente visible en el Ártico, ha generado nuevas discusiones internacionales sobre rutas marítimas, recursos, infraestructura y presencia estatal. La Antártica posee un régimen jurídico y político diferente y, por ello, sería incorrecto trasladar mecánicamente la experiencia ártica al continente austral. No obstante, ambos procesos permiten advertir que las condiciones geográficas sobre las cuales se construyen determinados equilibrios internacionales pueden cambiar.
Para Chile, aquello obliga a pensar en escalas temporales superiores al período presidencial. El país posee una posición singular respecto del sistema austral compuesto por el Estrecho de Magallanes, los canales fueguinos, el Cabo de Hornos, el paso Drake y la Antártica. Pero esa posición no garantiza por sí misma influencia política. Como sugiere la literatura sobre territorialidad y capacidad estatal, la geografía constituye una condición sobre la cual puede ejercerse poder, pero convertirla en capacidad política requiere instituciones (Mann, 1984; Sack, 1986).
De allí que una política austral moderna deba integrar dimensiones que frecuentemente aparecen fragmentadas administrativamente: infraestructura portuaria, ciencia antártica, desarrollo regional, capacidades marítimas, protección ambiental, telecomunicaciones, logística y relaciones internacionales. La soberanía contemporánea se vuelve así menos declamativa y considerablemente más compleja desde el punto de vista institucional.
Soberanía efectiva y capacidad estatal
Aquí aparece una cuestión fundamental de la sociología política: la diferencia entre poseer formalmente autoridad y disponer de las capacidades necesarias para ejercerla. Los Estados pueden poseer reconocimiento jurídico sobre un territorio, pero su presencia efectiva depende de instituciones capaces de transformar aquella soberanía en administración cotidiana. La tradición que buscó “traer nuevamente al Estado” al centro del análisis político insistió precisamente en estudiar a los Estados como organizaciones con capacidades institucionales diferenciadas para implementar decisiones y perseguir determinados objetivos (Evans et al., 1985).
La distinción de Mann (1984) entre poder despótico y poder infraestructural permite profundizar esta cuestión. El primero se refiere a la capacidad de las élites estatales para adoptar decisiones sin negociación rutinaria con actores sociales; el segundo, mucho más interesante para el problema territorial, se refiere a la capacidad institucional del Estado para ejecutar efectivamente decisiones a través de la sociedad y del territorio. Desde esta perspectiva, la soberanía sobre Magallanes no debería medirse solamente por la capacidad de Chile para afirmar jurídicamente sus derechos, sino también por su capacidad para desplegar infraestructura, ciencia, administración, conectividad y presencia permanente.
Por ello, la pregunta sobre Magallanes debería trasladarse desde el terreno de la indignación hacia el terreno de las políticas públicas. ¿Cuál será el papel de Punta Arenas dentro de la estrategia antártica chilena durante las próximas décadas? ¿Qué infraestructura marítima necesita el país? ¿Qué capacidades científicas deberían instalarse permanentemente en la región? ¿Cómo fortalecer Puerto Williams como presencia estatal y plataforma austral? ¿Qué política económica y territorial permite sostener comunidades en espacios extremos? ¿Cómo articular las capacidades del Gobierno central, el Gobierno Regional, las Fuerzas Armadas, las universidades y los organismos científicos dentro de una estrategia común?
Estas preguntas parecen menos emocionantes que una controversia diplomática, pero probablemente sean mucho más importantes para el ejercicio real de la soberanía.
Cooperar no significa renunciar a la soberanía
Existe además una falsa oposición que suele reaparecer cada vez que surge alguna controversia entre Chile y Argentina: aquella que obliga a elegir entre cooperación bilateral y defensa de los intereses nacionales. La historia reciente demuestra precisamente lo contrario. Después de la grave crisis bilateral de 1978, ambos países fueron capaces de construir una arquitectura institucional destinada a resolver pacíficamente sus controversias. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 estableció expresamente el compromiso de solucionar las diferencias por medios pacíficos y creó mecanismos permanentes de conciliación y arbitraje (República Argentina & República de Chile, 1984).
La evolución posterior profundizó esa institucionalización. El Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, firmado en 2009, reconoció expresamente al Tratado de Paz y Amistad de 1984 como el “marco referencial y permanente” de la relación bilateral, mostrando cómo la estabilización de las cuestiones territoriales permitió avanzar hacia formas más complejas de cooperación e integración (República Argentina & República de Chile, 2009).
La experiencia entrega una enseñanza relevante para la teoría política de las fronteras: la integración no requiere la desaparición de las soberanías. Una frontera jurídicamente institucionalizada puede transformarse precisamente en un espacio de cooperación porque reduce incertidumbres, establece reglas y genera procedimientos para administrar desacuerdos. Chile no necesita escoger entre mantener una relación estratégica con Argentina y afirmar con claridad sus intereses en el extremo austral. La prudencia diplomática no equivale a debilidad, del mismo modo que la firmeza no necesita convertirse en nacionalismo.
Magallanes y la sociología de las periferias
La controversia permite finalmente introducir una reflexión que excede las relaciones internacionales y entra directamente en la sociología política del territorio. Los Estados construyen centros y periferias no solamente mediante la distancia geográfica, sino también mediante la distribución territorial de instituciones, recursos y capacidad de decisión. Una región se vuelve políticamente periférica cuando las decisiones fundamentales que afectan su desarrollo son adoptadas sistemáticamente desde otro lugar y cuando su valor se define principalmente en función de las necesidades del centro.
Transformar Magallanes en un verdadero espacio estratégico exige, por ello, modificar también la manera en que el Estado chileno piensa su propio territorio. Algunas políticas tradicionalmente consideradas regionales poseen en realidad consecuencias nacionales e internacionales. Mejorar infraestructura portuaria en Punta Arenas no constituye únicamente una inversión regional si fortalece la posición logística chilena frente a la Antártica; desarrollar capacidades científicas en el extremo austral no constituye solamente política académica si incrementa la presencia chilena en las redes internacionales de investigación; fortalecer Puerto Williams no es simplemente descentralización administrativa cuando su ubicación posee una evidente significación estratégica.
La frontera entre política regional, política científica y política exterior comienza entonces a hacerse más tenue. Es precisamente allí donde el concepto de poder infraestructural adquiere nuevamente sentido: la capacidad de un Estado para proyectarse internacionalmente puede depender, paradójicamente, de su capacidad para estar materialmente presente dentro de sus propias fronteras (Mann, 1984).
El verdadero baño de realidad
La controversia sobre el Estrecho de Magallanes puede desaparecer rápidamente de la agenda pública, como ocurre con buena parte de las disputas diplomáticas. Pero sería un error que desapareciera con ella la pregunta que ha dejado planteada. El verdadero baño de realidad no consiste en descubrir súbitamente que Chile posee soberanía sobre un espacio cuya situación jurídica está establecida desde hace décadas. Consiste en recordar que el territorio continúa siendo una dimensión fundamental del poder político, incluso en sociedades acostumbradas a pensar la política principalmente desde las elecciones, las instituciones centrales y la economía.
La sociología política permite comprender que el territorio no constituye solamente una extensión física delimitada por fronteras. Es un espacio organizado mediante relaciones de autoridad y capacidades institucionales (Sack, 1986). La ciencia política agrega una segunda dimensión: no todos los Estados poseen la misma capacidad para transformar autoridad jurídica en presencia efectiva, y precisamente esa diferencia constituye uno de los elementos fundamentales para comprender el poder estatal (Evans et al., 1985; Mann, 1984).
El siglo XXI está demostrando que océanos, corredores logísticos, infraestructura crítica y regiones polares pueden recuperar centralidad estratégica. Para un país con la configuración geográfica de Chile, aquello debería conducir menos a una retórica nacionalista que a una reflexión seria sobre capacidad estatal. La geografía ofrece posibilidades, pero no garantiza poder. Entre una posición geográfica privilegiada y una verdadera posición estratégica existe una diferencia fundamental: la presencia de un Estado capaz de comprenderla, administrarla y proyectarla.
Tal vez esa sea la principal enseñanza política que deja Magallanes. La soberanía no se demuestra únicamente cuando otro Estado obliga a recordarla. Se demuestra diariamente mediante instituciones, infraestructura, conocimiento, población, diplomacia y presencia territorial. Los tratados pueden establecer una frontera y el derecho internacional puede reconocerla, pero corresponde al Estado convertir ese espacio jurídico en una realidad política duradera. La soberanía que solamente se proclama pertenece al discurso; la soberanía que se planifica, se administra y se proyecta se convierte en poder.
Referencias
Evans, P. B., Rueschemeyer, D., & Skocpol, T. (Eds.). (1985). Bringing the state back in. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628283
Mann, M. (1984). The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results. European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie, 25(2), 185–213. https://doi.org/10.1017/S0003975600004239
República Argentina, & República de Chile. (1984). Tratado de Paz y Amistad entre la República Argentina y la República de Chile. Ciudad del Vaticano, 29 de noviembre de 1984.
República Argentina, & República de Chile. (2009). Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile.
Sack, R. D. (1986). Human territoriality: Its theory and history. Cambridge University Press.
Skocpol, T. (1985). Bringing the state back in: Strategies of analysis in current research. En P. B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), Bringing the state back in (pp. 3–37). Cambridge University Press.
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