Una visión más amplia, a la base
de la estructura del agravamiento del conflicto social y el delito se
encuentran como lo hemos demostrado en varias ocasiones, en la imposición de un
modelo que reduce las obligaciones del Estado ante la sociedad, incrementa la
desigualdad entre los seres humanos y eleva el nivel de vida frente a la pérdida
de la capacidad adquisitiva mínima del ciudadano.
Se ha comprobado que las tasas de
criminalidad son más elevadas en las sociedades donde la riqueza es repartida
de forma desigual y donde existen sentimientos de privación y frustración
(Irwin Waller. Prevención del delito: La nueva esperanza de las políticas de
urbanismo. 1997)
Entre las causas de este fenómeno estan; el crecimiento demográfico, la falta de planificación y ordenamiento en
la creación de asentamientos humanos, la pérdida de la autonomía alimentaria
frente a la cultura del consumismo brutal, y la inequidad de la justicia.Lo que lleva a una elevada necesidad de
seguridad y demanda de justicia equitativa,
La necesidad social actual se perfila en
dirección de solucionar los conflictos por la vía del entendimiento y la
justicia, en función de prevenir la comisión de delitos. Para ello es necesario
rediseñar las politicas públicas se seguridad y en función de estos objetivos, dándole el carácter de
“servicio público”, lo que la obliga a proteger los derechos humanos y civiles
de los ciudadanos.
Las desigualdades sociales, la pobreza extrema y
la marginación, constituyen el escenario dónde entran en juego la mayoría de
los dramas familiares, de la escuela y la vecindad. Un joven que ha sido abandonado por su familia, sin entrega de valores y principios sociales, sumado a posibles problemas escolares, puede caer en hechos delictuales.
Es por esto que la prevención del delito debe reunir a los
funcionarios públicos encargados de los servicios fundamentales (trabajo,
vivienda y urbanismo, salud, educación, agua, energía, etc.), a la policía y a
la justicia para poder enfrentar situaciones que conducen a la delincuencia.
Los municipios y las comunidades también ocupan una posición estratégica para
influir sobre las causas de la criminalidad, con el apoyo financiero y técnico
de otras instancias gubernamentales.
Los funcionarios en todos los niveles deben estar comprometidos con las políticas y programas contra la delincuencia urbana.
Ergo, las municipalidades con el soporte decidido del Gobierno pasan a ser un engranaje fundamental, pueden demostrar sus capacidades intrínsecas, pues las autoridades municipales deben estar más cerca del ciudadano y pueden comprender mejor las necesidades locales, para adaptar los programas nacionales o regionales, con personas idóneas y competentes, obteniendo el apoyo de la ciudadanía.
